Siempre he pensado que Suiza es un país singular. ¿Cómo no iba a serlo un lugar que ha hecho de la democracia y de dar poder al pueblo una seña de identidad y donde hasta la cuestión más nimia se decide en un referéndum?
¿Cómo no iba a serlo un país que carece de ejército y que ha hecho de la neutralidad una forma de ser? ¿Cómo no iba a serlo un país donde el salario mínimo interprofesional –ese por el que en España algunos se rasgan las vestiduras porque se ha subido hasta los mil y pocos euros– supera los 4.000 euros?
Vale, también es cierto que los precios allí no son los de aquí. Quizá en esa prosperidad suiza tenga mucho que ver su particular sistema político: el Poder Ejecutivo no lo encabeza un solo líder (el cargo de presidente es meramente simbólico y rota cada año), sino que se comparte entre sus siete consejeros federales, quienes se reparten asimismo las diferentes carteras ministeriales.
Además, desde 1959 el Consejo está compuesto por miembros de una suerte de «gran coalición» en la que siempre ha habido, elección tras elección, dos representantes socialistas, dos conservadores y uno o dos, según los votos recibidos, de los partidos liberal y democristiano, ambos en el centro del espectro político.
¿Se imaginan algo parecido en este país nuestro donde el adversario político es considerado el más acérrimo enemigo? Por si fuera poco, los gobernantes allí no tienen problemas en renunciar a esos privilegios tan propios de su posición.
De hecho, el Gobierno anunció esta semana que sus siete miembros dejarán de disfrutar en 2025 del pase gratuito para los remontes de esquí que se les había comenzado a otorgar este año y que había generado muchas críticas por ventajismo. Ya ven, igualico que aquí.
