El gobierno de Catalunya ha abierto un expediente sancionador contra el Arzobispado de Barcelona por no obedecer la norma impuesta de que solo entraran 10 personas en el funeral por los fallecidos por la Covid-19, que tuvo lugar en la basílica de la Sagrada Familia, obra del genial arquitecto Antonio Gaudí.
Sin embargo, el gobierno sí autorizó el viernes la entrada de turistas y la apertura del famoso templo de la Sagrada Familia de Barcelona, con un número de visitantes muy superior.
El funeral, al que asistieron unas 130 personas (menos de una cuarta parte del aforo), lo presidió el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Tras múltiples negociaciones y razonamientos, con todas las autoridades, municipales y autonómicas, y ante la cerrazón del gobierno catalán, el cardenal Omella decidió celebrar el funeral, al que asistieron familiares de los fallecidos, y personas que arriesgaron su vida durante la pandemia, como médicos, enfermeras, personal sanitario, bomberos, operadores de las ambulancias, periodistas, etc.
La ceremonia fue retransmitida por varias emisoras de televisión y de radio. Ninguna autoridad civil participó en el funeral.
Por su parte, el cardenal Omella presentó una causa judicial contra el Departament de Salut por intentar conculcar «la libertad religiosa y la libertad de culto», protegidos por la Constitución Española. Limitar el aforo a diez personas es «injusto y discriminatorio», dijo en una nota el arzobispado.
Esta es la vez primera vez que se recuerda, en democracia, en que el gobierno y la Iglesia en Catalunya se enfrentan, y el asunto es llevado a los tribunales de Justicia. La actitud de la Iglesia católica ha sido y es ejemplar en el cumplimiento de todas sus obligaciones sobre el coronavirus, y las relaciones entre ambas instituciones desde el final del franquismo siempre habían sido amistosas y de cooperación.
En su homilía, el cardenal Omella, destacó que se habían contemplado las más rigurosas medidas de seguridad y que era justo celebrar este funeral que no pudieron tener quienes murieron de coronavirus los pasados meses. Apeló a la unidad entre todos y al espíritu de concordia para hacer frente a la crisis económica y social que provoca esta pandemia.
En las otras diócesis catalanas tampoco se siguió la orden de que entraran solo diez personas en las respectivas catedrales.
El gobierno catalán es independentista y tiene abiertos muchos frentes, no solo por los rebrotes del coronavirus en estos momentos, sino por los cierre de empresas como Nissan y de comercios y sobre todo el turismo, que pasa por unos momentos muy duros este verano a causa de las decisiones de varios gobiernos europeos de no enviar turistas a España, y a Catalunya en particular, por los nuevos rebrotes del virus.
La recuperación de la vida económica y social de Catalunya va a ser muy dura, como la de toda España, y una gran parte de Europa y América. Para esta recuperación se necesita unidad, cooperación entre las distintas instituciones, diálogo y comprensión. Solo le faltaba al gobierno catalán el problema de enfrentarse a la Iglesia, permitiendo la apertura de lugares de culto solo a diez personas, en todos los casos.
Desde el arzobispado se dice: «¿cómo se pueden celebrar los funerales con solo diez personas?». Es decir, con el cardenal como celebrante, cuatro ayudantes y unos monaguillos. «Esto es ridículo y va contra el derecho al culto y a la libertad religiosa», sostienen.
En el templo expiatorio, que es la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, se celebraron el domingo con toda solemnidad los funerales de los miles que murieron en el silencio y la soledad, sin poder ser asistidos, ni por sus familiares, ni por los sacramentos. Ahora muchos familiares han recibido el consuelo de una ceremonia religiosa, como hubieran querido en medio de la pandemia.
Por otro lado, y para abundar en buscarse problemas con la Iglesia, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès y la consellera de Justícia, Ester Capella, quisieron, en un informe, que los catalanes reclamaran algunos bienes de la Iglesia, porque los consideran indebidamente inmatriculados o registrados como propios sin tener que demostrar los derechos de propiedad.
El arzobispo de la Seu d’Urgell, Joan Enric Vives, protestó la semana pasada por este informe que, dijo, no se ajusta ni al derecho ni a la historia. Lo mismo dijo después, en una nota, la Conferencia Episcopal Tarraconense, formada por diez diócesis, afirmando que la Iglesia no se ha apropiado absolutamente de nada que no era suyo.
Según la legislación española, los bienes de la Iglesia, los templos, catedrales, basílicas, templos, capillas, seminarios, edificios y terrenos parroquiales no era necesario inscribirlos en el Registro de la Propiedad pues la Iglesia ha hecho uso de estos desde hace siglos. Ahora la normativa establece que hay que darles una titularidad y la Iglesia así lo hecho inscribiéndolos en el registro.
¡Qué ganas de buscar un enfrentamiento! ¿Será porque pronto habrá elecciones? ¿Jugaremos a ver quién es más anticlerical?