En noviembre se cumplirán veinte años de la pérdida, por parte de Vandellòs, en favor de la localidad francesa de Cadarache, de la candidatura europea para albergar el proyecto del reactor experimental de fusión nuclear ITER.
Dos décadas después, y con el horizonte de su demolición cada vez más cercano, tenemos una oportunidad de oro para transformar y reactivar económicamente un municipio muy dependiente de la producción energética. Y, al mismo tiempo, posicionarnos en el mapa internacional de la ciencia y la tecnología, y ser pioneros en la sanidad pública española, en el campo de la investigación y el tratamiento del cáncer con protones.
Me refiero al proyecto de reconversión de la antigua central nuclear de Vandellòs I en una centro de protonterapia. La propuesta no es nueva. Nació hace más de siete años de un trabajo de fin de grado del arquitecto Carlos Gonzalvo, del grupo de investigación CAIT, de la Escola d’Arquitectura de la URV.
Desde entonces, la iniciativa ha pasado por un buen número de despachos de los Ministerios de Sanidad e Industria del Gobierno español, los departamentos de Salut, Treball i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Enresa y otros organismos públicos. Siempre sin éxito.
Pero la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del territori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip, que es quien abandera el proyecto, nunca se ha dado por vencida y anteayer logró el apoyo del Colegio Oficial de Médicos de Tarragona (COMT).
Su presidente Sergi Boada asegura que es fundamental impulsar proyectos en el ámbito de la salud en nuestro territorio, no solo porque beneficiarán a la ciudadanía, sino también porque ayudarán a captar y retener talento en la provincia, algo que preocupa mucho al colectivo ante la falta de relevo generacional.
Las comarcas de Tarragona tienen derecho a aspirar a proyectos innovadores y de valor añadido como el que resultaría de la reconversión de la antigua Vandellòs I en un centro de protonterapia contra el cáncer
El subdelegado del Gobierno en Tarragona, Santiago Castellà, se comprometió a buscar el encaje con las actuales líneas de financiación abiertas por los ministerios de Salud, Transición Ecológica, Transición Digital o Ciencia, e incluso con los fondos Next Generation impulsados por la UE tras la pandemia.
Pero de ahí a autorizarlo y liderarlo, como pidió el alcalde de Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia, hay un abismo. E ídem de ídem con la Generalitat, que debería apoyarlo y, en caso de prosperar, gestionarlo. Pese a estar invitados, ningún representante de Salut del Govern asistió al acto celebrado el viernes.
El escollo vendría de sociedades científicas y jefes de servicio de los grandes hospitales de Barcelona. Esta innovadora técnica de lucha contra el cáncer, en la actualidad, solo se aplica en dos hospitales privados en Madrid. Catalunya no dispone de ningún centro de protonterapia, si bien el pasado diciembre el Ministerio de Sanidad formalizó el contrato de implantación de diez equipos en toda España, financiados por la Fundación Amancio Ortega. Dos irían al Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona.
De ahí las declaraciones del alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que destacó que proyectos como éste han de ayudar «al equilibrio territorial». El 57% de la generación eléctrica de Catalunya procedió el año pasado de las centrales de Ascó (I y II) y Vandellòs II. El 25% de la producción química española sale de Tarragona.
¿Por qué no puede el municipio del Baix Camp acoger el primer centro de protonterapia público de Catalunya cuando reaprovechar el cajón del antiguo reactor nuclear permitirá ahorrar más de 43 millones de euros, 34,4 en el desmantelamiento definitivo de la central y 9,7 en la inversión en un nuevo centro?
Además, desde un punto de vista de volumen, el proyecto permitiría el tratamiento a medio plazo de más de 1.500 pacientes anuales y dar servicio de proximidad en Catalunya, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares, ya que el centro estaría ubicado a poco más dos horas de las principales ciudades de estas comunidades.
Tenemos una oportunidad de oro para transformar y reactivar económicamente un municipio muy dependiente de la producción energética y, a la vez, ser pioneros en la sanidad pública española
El tiempo apremia. El año 2028, que es cuando está previsto que Enresa comience a desmantelar Vandellòs I tras la fase de latencia, está muy cerca, y no hay ningún plan de futuro para reutilizar el espacio. Sería un proyecto pionero y proyectaría una imagen positiva de las nucleares.
Las comarcas de Tarragona tienen derecho a aspirar a proyectos innovadores y de valor añadido como éste sin ningún tipo de duda. Solo hace falta creérnoslo y que lo defendamos todos a una desde la Catalunya Sud.
‘Bullying’ y valores
Como madre de un niño de cinco años no puedo dejar de pensar en los padres de las gemelas de Sallent y del adolescente de La Ràpita que intentaron quitarse la vida (una de las niñas falleció) a causa, presuntamente, del acoso o burlas sufridas en la escuela.
Y también en otros casos menos mediáticos, en que las víctimas han sido las que ha tenido que cambiar de colegio o en los progenitores con hijos con algún tipo de discapacidad, trastorno o diferencia que les pueden hacer objeto de mofa. Los últimos casos nos han descubierto la cara más terrible del bullying y también de un fenómeno que persiste, de un MeToo para el que no parece que haya llegado aún la hora. Pero como tantas otras lacras que dicen tan poco de nuestra sociedad, no podemos permitir que la crueldad en las aulas sobreviva a generaciones, modas y cambios sociales.
Como titulamos hoy en portada, el bullying no es cosa de niños. Es cosa de todos y tal vez ahí radique parte del problema, que, al ser responsabilidad de todos, no lo es de nadie y cada uno de los implicados apuntamos a los demás. Sin embargo, solo si cada uno asumimos nuestra responsabilidad, reduciremos a la mínima expresión un mal que, según los expertos, sufre uno de cada cuatro menores.
Los padres, inculcando el respeto a los diferentes, censurando cualquier tipo de violencia, (sea física o verbal) e imponiendo límites claros a según qué conductas. Las escuelas, actuando con celeridad, transparencia e incluso contundencia, ante el mínimo indicio, o la primera denuncia de un caso de bullying. La Administración, poniendo más psicopedagogos, profesores de educación especial y personal de apoyo a los maestros en los centros educativos.
Y entre todo exigiendo tolerancia cero contra el maltrato y el abuso, impidiendo que quien tenga que cambiar de centro escolar sea la víctima, o que casos como los de las gemelas de Sallent o el chico con un leve grado de autismo de La Ràpita vuelvan a producirse. Ya ven: mucho por hacer y cuanto antes.