M ientras la sanidad pública ha sido uno de los servicios básicos que más ha acusado los recortes durante la última y larga crisis económica, las pólizas privadas de salud no han parado de crecer hasta llegar a los 11,5 millones de personas cubiertas en 2017, un millón más (un 10%) desde el gran tijeretazo. Eso supone que uno de cada cuatro españoles puede acudir a la sanidad privada amparándose en un seguro. En el caso de Tarragona, 223.301 personas tenían contratado una póliza privada el año pasado, un 5,5% más que un año antes, lo que representa el crecimiento más importante de Catalunya y superior también al incremento medio en España. La cifra se ha duplicado en trece años y uno de cada tres tarraconenses ya están en una mutua.
Hay quien sostiene que la sanidad, como la educación, es un bien por el que estamos dispuestos a pagar, y que aunque haya sector público, hay demanda para seguros privados porque las personas pueden pensar que es mejor tener dos servicios. De hecho, quienes defienden esta teoría aseguran que lo mismo ocurre en otros países con rentas elevadas y que si la sanidad pública fuese perfecta, la privada no desaparecería porque es una opción más y ofrece alternativas.
Pero también es cierto que parte de los suscriptores de las pólizas privadas han tenido malas experiencias en la sanidad pública y la razón por la que se han buscado un seguro es porque en los últimos años se han disparado las listas de espera.
Sea como fuere la sanidad pública es uno de los signos de identidad de nuestro Estado del bienestar y uno de los servicios a preservar, con todos los retos que tiene por delante (desde el envejecimiento de población a los avances tecnológicos y la sostenibilidad del sistema) y las decisiones que deben llevar aparejados. Eso es lo que esperan los ciudadanos de la política. La resolución de los grandes problemas del día a día y no batallas partidistas que no llevan a ningún sitio.
