Tras largos días homogéneos, parece que esta semana algunas cosas empiezan a cambiar. Al recién estrenado permiso para que los niños puedan salir a la calle para aliviar la situación de confinamiento, este lunes en Reus se reactivan las obras públicas (también el pago para utilizar el transporte público). Los trabajos que se reemprenden son dos de las principales actuaciones previstas por este gobierno municipal: la construcción del centro social El Roser y la transformación de la Boca de la Mina.
La paralización de las obras fue una de las medidas que adoptó el equipo de gobierno el pasado 16 de marzo «para reforzar la salud de los trabajadores». Ahora que la actividad se reinicia, no creo que esta seguridad esté más garantizada que hace un mes atrás. Aquí en Reus, y en cualquier otro municipio si no se logra que todos podamos realizarnos el test del coronavirus. Por las últimas noticias parece que se trabaja en esta dirección, eperemos que así sea, sino de poco habrá servido el esfuerzo realizado. Por cierto, para saber lo que nos viene a partir de ahora recomiendo el artículo que publicábamos en el Diari referente a cómo será la vida postCovid-19 desde distintos ángulos y ámbitos.
Junto con la mencionada reactivación de las obras, el gobierno liderado por Carles Pellicer también aplicó, en el ámbito ciudadano, medidas económicas como aplazar el pago de los impuestos y tasas como la recogida de la basura, gual o el IBI (no así para la plusvalía). En este caso, si administraciones superiores no toman medidas más contundentes para ayudar a empresas y ciudadanos que el simple aplazo de los pagos de poco servirán las acciones acordadas en ámbitos municipales.
Y aquí entran en juego los presupuestos tanto locales pero sobre todo los catalanes y del Gobierno. Sin ir más lejos, este viernes la Generalitat aprobaba unas cuentas que me temo que ya nacen desfasadas como bien reconocían sus autores. Aunque si algo arrojan los primeros presupuestos aprobados en tres años es que parece que la crisis de la Covid-19 ha dado al traste con las estrategias políticas. Aun así, no hay que olvidar que en el horizonte están unas nuevas elecciones. Pero esto ya sería para otro artículo.
A pesar de no haberse pronunciado, en el terreno de los presupuestos el consistorio reusense parece condenado a aplicar modificaciones. Para empezar, ya ha solicitado pólizas de crédito por valor de 13 millones para «garantizar el pago de las facturas municipales» aunque se hayan desvinculado de los presupuestos.
Lo que sí parece mucho más controlado es el traspaso del Hospital Sant Joan a la Generalitat que, salvo sorpresa, quedará cerrado en julio. No ocurre así con los trabajadores del hospital, que durante esta semana han enviado hasta cuatro comunicados distintos por no cobrar las retribuciones variables por objetivos (DPO) de 2019 que también terminarán en los juzgados. Pero sobre todo, me comentaban, porque con la que está cayendo y el esfuerzo que realizan se sienten menospreciados y utilizados políticamente. Unas quejas que ya ocurrían mucho antes de la llegada del coronavirus.
