La Generalitat ha aprobado recientemente ampliar la exigencia del llamado pasaporte Covid y extender su obligatoriedad para acudir a bares, restaurantes, residencias de mayores y gimnasios. A la hora de escribir este artículo, la medida provisional está a la espera de ser validada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
La resolución del tribunal catalán no será una cuestión de mero trámite. En el País Vasco, el tribunal superior de la comunidad ha rechazado la implantación del pasaporte Covid en la hostelería y restauración aduciendo entre otras razones que se vulneran derechos fundamentales y que la medida no es coherente: por ejemplo, no se exige su uso a los menores de 12 años, cuando está demostrado que son un foco relevante de contagios. Esta resolución del tribunal vasco ha contado con el voto particular en contra del presidente de la sala, que ha considerado que la medida es idónea para proteger dos bienes en conflicto: la salud y la intimidad e igualdad.
Hay otros ejemplos de resoluciones judiciales contradictorias sobre este asunto y sobre las diversas restricciones que se han implantado desde el inicio de la pandemia. También los políticos (y esto es algo que está sucediendo en todo el mundo) tienen posiciones encontradas en cuestiones como la obligatoriedad del uso de la mascarilla o del acceso a lugares públicos a los no vacunados. Recientemente, en diversos países de Europa Central hemos visto manifestaciones muy concurridas de ciudadanos que protestan por la obligatoriedad de las mascarillas o contra la libertad de movimientos.
El resumen de todo es que, efectivamente, estamos ante una situación en la que se enfrentan derechos individuales: libertad de movimientos frente a seguridad sanitaria. Está claro que no se pueden preservar ambos a la vez; pero creo que en estas situaciones hay que preservar el bien superior: la salud y la vida son más importantes que la libertad de circular sin mascarilla. O dicho de otro modo, mi libertad acaba donde empieza la del otro.
Con todo, los matices son siempre importantes: hay que ser mínimamente intervencionista cuando se recortan derechos individuales como la libertad de movimientos. Es el caso de las restricciones de movilidad que se impusieron al principio de la pandemia: a mí me parece que fueron excesivas y que causaron perjuicios económicos que nos podríamos haber ahorrado en parte; de hecho, el Constitucional ha anulado las multas que se impusieron por este motivo.
Pero creo que ahora la situación es diferente: personalmente, prefiero entrar en un restaurante o un lugar de ocio sabiendo que el público está vacunado. Entiendo que no vacunarse sea una opción personal y libre, pero quienes lo hacen deben saber que pueden ver sus otros derechos recortados, porque quienes sí nos hemos vacunados también tenemos derecho a que nuestra salud se proteja; no creo que exista tal cosa como el derecho a contagiar indiscriminadamente.
