El martes que viene se cumplirán seis meses desde que se eliminaran los peajes de la AP-7 entre Vila-seca y La Jonquera y de la AP-2 entre El Vendrell y Zaragoza. Medio año desde que se pusiera fin a un agravio territorial que ha durado más de cinco décadas y que penalizaba a los conductores de las comarcas tarraconenses.
El balance de este primer semestre sin pagar por circular por esas autopistas, era el esperable: un aumento del tráfico superior al 44% en ambas vías rápidas (que en algunos tramos y a determinadas horas y días han dejado de serlo tanto) y mayor siniestralidad.
Lo que no era tan previsible es que casi 180 días después de que las antiguas cabinas dejaran de funcionar, el desmantelamiento de la infraestructura de los peajes no se haya completado.
O tal vez sí, dado que, desde que se levantaron las barreras se tardó más de dos meses en iniciar su desmontaje. Ya entonces se avisó que se dejaría para el final el derribo de las estructuras de hormigón y acondicionamiento de los carriles.
Ayer se conocía que el origen de que no haya acabado es que Mossos ha pedido habilitar espacios para controles y para apartar a los vehículos detenidos.
Teniendo en cuenta que hace tiempo se sabía que el Estado no tenía intención de renovar por enésima vez la concesión, cuesta entender por qué no se habían planificado antes esos espacios.
Debe ser que la sombra de los peajes es aún alargada. Confiemos en que no esperen al inicio de la temporada turística. Además de una imagen desoladora, generaría un caos de tráfico.
