El lunes de la semana pasada nos despertábamos con una trágica noticia. En Badajoz la realidad superó a la ficción con el asesinato de Belén Cortés, una educadora social de 35 años, en un piso tutelado. Belén fue golpeada y asfixiada, presuntamente por tres menores bajo su cuidado: una joven de 17 años y dos chicos de 14 y 15 años. Este suceso ha conmocionado a todo el país y ha puesto en evidencia las carencias en el sistema de protección de menores y la seguridad de los profesionales que trabajan en este ámbito. Esta tragedia acontecida en Extremadura ha desatado debates sobre la necesidad de revisar la gestión y financiación de los servicios sociales. Sindicatos y entidades ciudadanas convocaron diversas protestas para exigir mejores condiciones laborales y de seguridad para los educadores sociales. Y además se ha planteado la urgencia de una reforma integral del sistema de servicios sociales para garantizar una supervisión adecuada de los menores en situación de riesgo.
Paralelamente a esta noticia se estrenaba cuatro días después en Netflix la serie «Adolescencia» una miniserie británica, de cuatro episodios, que narra la historia de Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado del asesinato de una compañera de escuela. La serie profundiza en temas como el acoso escolar, la influencia de las redes sociales y la cultura «incel» (célibes involuntarios), mostrando cómo estos factores pueden radicalizar a los jóvenes y conducirlos a actos violentos. Uno de los elementos que la hace más intensa es que cada episodio está filmado en una sola toma continua, lo que intensifica la experiencia del espectador y resalta la inmediatez de los eventos. Aunque la serie no se basa en un hecho real específico, está inspirada en el aumento de ataques con arma blanca entre jóvenes en el Reino Unido. Los creadores, Stephen Graham y Jack Thorne, buscan destacar la responsabilidad colectiva en la prevención de tales tragedias y cómo la radicalización en línea y problemas sociales más amplios que influyen en la juventud.
En España, la edad mínima de responsabilidad penal es de 14 años, según lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. Esto significa que los menores de 14 años no pueden ser juzgados ni condenados penalmente, aunque pueden estar sujetos a medidas de protección por parte de los servicios sociales. Para los menores de entre 14 y 18 años, el sistema de justicia juvenil aplica medidas específicas, como internamiento en centros de reforma, libertad vigilada o trabajos en beneficio de la comunidad, en lugar de penas de prisión.
Actualmente hay un debate sobre la edad penal y existen diferentes posturas respecto a este tema. Algunos sectores defienden que la edad penal debería reducirse, argumentando que los menores de 14 años pueden ser conscientes de la gravedad de sus actos. Además, en otros países la edad penal es más baja y hay casos de delitos graves cometidos por menores que quedan impunes. Otros expertos consideran que no es adecuado reducir la edad penal, ya que los menores no tienen aún una madurez suficiente, deben priorizarse medidas educativas además que rebajar la edad penal no reduce la delincuencia juvenil.
Tanto «Adolescencia» como el caso de Badajoz reflejan la complejidad de la violencia juvenil y la necesidad de abordar sus causas desde múltiples perspectivas. Es esencial fomentar entornos seguros y de apoyo para los jóvenes, fortalecer la educación en valores y garantizar recursos adecuados para los profesionales que trabajan con ellos. Solo así podremos prevenir futuras tragedias y construir una sociedad más justa y comprensiva.
