El principal acuerdo al que llegaron el Gobierno y la Generalitat en la última comisión bilateral fue la ampliación del aeropuerto de El Prat, para convertirlo en un gran ‘hub’ internacional. Para ello, Aena proyecta construir una terminal satélite y alargar en 500 metros la tercera pista, que invadiría así el estanque de La Ricarda, en el delta del Llobregat, un espacio protegido por la red europea Natura 2000.
El Gobierno catalán, que apoya la ampliación, ha negado esta prolongación con la boca pequeña pero no ha ofrecido alternativas. Los comunes, necesitados de distinguirse en su devenir entre dos aguas, rechaza la ampliación, apoyándose en la opinión de los ecologistas, y la CUP tampoco es partidaria de este «atentado medioambiental». El PSC piensa como el Gobierno, y la derecha españolista se ha manifestado claramente a favor de la medida.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha hecho también una advertencia señalando que antes de que «pueda salir adelante» la ampliación «es necesario abordar las deficiencias» en el delta del Llobregat, por las cuales el Ejecutivo comunitario ha abierto dos procedimientos de infracción a España.
El dilema es claro, y en sus términos abstractos se reiterará constantemente en el futuro: al margen de las cuestiones de pequeña política interna que persiguen objetivos pueriles a corto plazo, pugnan dos vectores aparentemente contrapuestos, el del desarrollo y el del conservacionismo.
Por un lado, no se puede negar que es preciso proteger el ya deteriorado litoral de la provincia de Barcelona. Pero, por otro lado, no podemos renunciar a que prosperen nuestras grandes industrias, y el turismo es una de ellas, ni estamos en condiciones de renunciar a los miles de puestos de trabajo que generará la ampliación.
