El acceso a la vivienda como bien necesario no puede quedar solo en manos y al albedrío del sector privado y de los intereses del mercado
Con el nivel de deuda actual de los gobiernos, es ilusorio confiar y esperar que la administración construya más parque público
La vivienda y su acceso, bien mediante la compra en propiedad o el alquiler, es una de las cuestiones de actualidad permanente en nuestra sociedad y también objeto de debate por parte de todos los partidos políticos, que con el tema hacen sus propuestas a los ciudadanos.
Se ha de tener en cuenta que la vivienda es un bien económico y tiene un valor y un precio. Es un producto que está en el mercado y el mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda, pero no se puede olvidar que la vivienda, o al menos que el acceso a la misma, es también un derecho reconocido en nuestra Constitución y a la vez una necesidad humana y vital recogida en la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Por tanto, debe garantizarse también en nuestro Estado de Derecho y Social que los ciudadanos tengan acceso en unas condiciones mínimas vitales habitacionales.
En todas las entrevistas y artículos que leo de expertos inmobiliarios, catedráticos de vivienda o políticos se manifiesta que la base del problema de la accesibilidad a la vivienda en nuestro país es la escasez del parque social de vivienda pública, sea en propiedad o en alquiler.
Con el nivel de deuda actual de los gobiernos, es ilusorio confiar y esperar que la administración construya más parque público
El reto político está en corregir esa situación y acercarse a los estándares europeos en cuanto a disponibilidad de un parque de vivienda pública suficiente para todos, bien de compra o alquiler, y es donde debe centrarse el esfuerzo de las administraciones públicas y ser una vía prioritaria para garantizar el derecho a la vivienda.
Según los estudios demográficos y sociológicos, la administración puede prever el número de viviendas públicas necesarias para poner en disposición de los habitantes ciudadanos necesitados de ellas. La objetividad de los datos demuestra que España es todavía mayoritariamente un país de propietarios privados, más de un 80% , muchos particulares y grandes tenedores. Todo ello debe ser compatible con un buen sistema público de vivienda, VPO de alquiler y venta, que bien gestionado debe convivir perfectamente con el mercado libre.
El otro día vi en este mismo Diari que los gobernantes municipales, con el alcalde de Tarragona a la cabeza, mostraban cómo habían quitado placas de VPO y viviendas sociales con los símbolos del régimen anterior de viviendas de protección oficiales de los portales y las fachadas de los edificios. Seguro que es por una cuestión de quitar la imagen y simbología del régimen anterior, pero no hay ninguna duda de que un país tiene que tener un sistema, unos planes de vivienda pública y social, en régimen de alquiler o de propiedad, y se ha de tener un sistema público y de acceso a un parque de viviendas públicas, construidas, desarrolladas y gestionadas por la administración pública, bien sea el Estado, la Generalitat, ayuntamientos o empresas especializadas.
Actualmente, con el nivel de deuda que tienen los gobiernos, creo que es ilusorio confiar y esperar que la administración pública construya nuevas viviendas para el parque público. Tampoco es posible edificar viviendas de un día para otro y la construcción de casas para un parque público es un proceso lento y de medio plazo. Así, a medio y largo término resulta mucho más factible y económico para los gobiernos de turno incentivar a los inversores privados para que pongan sus viviendas en alquiler, con fórmulas como las que han puesto en marcha en otros países de nuestro entorno como Francia, con un 17% de vivienda pública, Suecia con un 19%, Holanda con un 30%, o Austria con un 24%.
España figura en el vagón de cola, con otros países mediterráneos. También se ha creado el sistema de tanteo por el cual la administración pública, con un derecho preferente, puede comprar viviendas y edificios ya existentes para destinarlos a vivienda pública y social, ahorrándose así el proceso de construcción.
En Tarragona tuvimos un buen ejemplo de todo esto en los años del fuerte crecimiento de población y llegada de inmigración, cuando no había viviendas, ni libres ni públicas. La nueva población venida a nuestras comarcas vivía en infraviviendas y dándose situaciones de barraquismo en nuestra ciudad. Luego los planes de viviendas de protección oficial (las de las placas que han quitado ahora) y las viviendas de los patronatos, cooperativas y de las grandes empresas, IQA, Alena o las ‘caixas’ facilitaron el acceso a la vivienda y a su alquiler o propiedad a los miles de nuevos trabajadores y familias de la comarca.
El acceso a la vivienda como bien necesario no puede quedar solo en manos y al albedrío del sector privado y de los intereses del mercado
En este país tenemos un sistema mixto, en el que existe y siempre ha de existir la vivienda libre y de promoción e iniciativa privada, pero también un amplio y suficiente parque de vivienda pública o protegida que permita el acceso a todas las capas de la sociedad, especialmente a las más necesitadas. Por lo tanto, el acceso y el derecho a la vivienda como bien económico y necesario no puede quedar solo en manos y al albedrío del sector privado y de los intereses del mercado.
Para acabar, como un caso anecdótico y particular está el de Singapur. Si preguntásemos por algún país en el que más del 75% de sus habitantes viven en viviendas construidas por el Estado seguramente pensaríamos que se trata de alguna nación socialista o comunista de la antigua órbita soviética. Pues no. Precisamente es uno de los países con la economía más libre y capitalista del mundo y uno de los más desarrollados como Singapur. Allí casi el 80% de las viviendas las levanta y gestiona el estado y su administración.
Son viviendas de promoción pública estatal, orientadas a la propiedad, pero este ejemplo no es transportable a nuestro país, aunque sea muy interesante.
El modelo de Viena es diferente. Enfocado al alquiler, hace que tres cuartas partes de los vieneses residan en viviendas propiedad del ayuntamiento y de entidades públicas regionales. Ambas fórmulas funcionan aunque son de difícil aplicación a nuestro país, que debe mirarse en ejemplos como Francia, Reino Unido o Países Bajos.
Quiero acabar diciendo que tenemos en nuestra ciudad, Tarragona, y en nuestra URV, en la Cátedra d’Habitatge, a una de las mejores expertas en esta materia, la investigadora y doctora cum laude Núria Lambea, discípula del catedrático Sergio Nasarre. Acaba de publicar un libro magistral y especialísimo de su tesis doctoral sobre esta materia. Una investigadora crack de primer nivel nacional.
