Catalanes y tarraconenses. Uno siente vergüenza ajena, ya que muchos políticos que nos ‘representan’ no la tienen. Acaba de celebrarse en el Centro de Eventos de PortAventura nada menos que el ‘XIII Congreso de la Abogacía Española’, con asistencia de más de 1.500 letrados y letradas de toda la península, desde La Coruña, a Huelva y Valencia. Gente culta, acostumbrada a viajar, a la que se le ofrecía una posibilidad magnífica de conocer estas tierras, sus costumbres, su gastronomía...y su cultura.
¿Cultura? ¡Cortesía!... Sí, la de la gente que atendió a los visitantes, personal amable y entrenado, desde la cocina hasta las azafatas/os que realizaron una labor espléndida, por la que hay que felicitar a los responsables de PortAventura.
Pero, también, como es lógico, a los organizadores principales del evento: el Consejo General de la Abogacía Española, presidido y dirigido por una responsable atenta a todo y con las ideas muy claras. A su lado, las tres Decanas de los Colegios profesionales de Tarragona, Reus y Tortosa –Estela Martín, Encarnación Orduna y Marta Martínez– que hace meses que han estado trabajando en la preparación del Congreso.
En él han participado Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional; José Ramón Chaves, que es magistrado de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias; Emilia Casas, que fue presidenta del Tribunal Constitucional, y Jesús Remón Peñalver, socio presidente de uno de los despachos jurídicos más importantes del país, como es Uría Menéndez.
Pero es que, aparte de estas personalidades del Derecho, había Decanos y ex Decanos de diversos Colegios, con parte de sus Juntas de Gobierno, y la presencia de un político tan conocido y respetado como Miquel Roca i Junyent, que dio una lección magistral acerca de la cultura del pacto, esencia del Congreso.
Ha habido sesiones formativas y deliberativas, a las que seguían las redacciones de conclusiones sobre las ponencias presentadas, votándose una por una hasta que el último día, viernes 5, se redactaron y votaron las conclusiones definitivas, que el Consejo General de la Abogacía Española elevará a las autoridades competentes de España. Nada sobre tonterías como el derecho de defensa de la gente, de la justicia de los menos favorecidos...
El titular de este artículo resulta de que las palabras ‘España’ y ‘española’ han debido ser decisivas para que no comparecieran en el acto inaugural ninguna de las personalidades que por lógica y, sobre todo, por educación, debían haber estado.
Me refiero al presidente de la Generalitat, Sr. Aragonés, pero asimismo a la presidencia de la Diputación de Tarragona y la alcaldía de la capital. Estaban primeras autoridades del Estado, como la ministra de Justicia, cuyo discurso fue interesante.
También estuvo el alcalde de Salou, Sr. Granados, que, letrado al fin educado, tuvo un discurso de bienvenida. Lástima que el acto estuviera enturbiado por aquella falta de ‘primeras espadas’. Que ese turbio proceder es seguramente lo que buscaban, olvidando el deber de un político de acoger a quienes visitan Cataluña y Tarragona. Gente culta y de buen nivel económico, a la que se le debía una recepción política bien diferente.
Vergüenza da este proceder porque las excusas de agendas y demás, cuando el Congreso –el acto más importante de todos los Abogados– estaba señalado desde hace meses, no pueden excusar a quien no sabe y no quiere ser normal en política.
¡Qué ocasión perdida para ofrecer a los visitantes una visión más concorde con la cordial idiosincrasia catalana!....
¡Qué vergüenza!...