Unos 30.000 sanitarios de toda España van a ver el final de la precariedad laboral en que vienen atendiendo nuestra salud. Es una buena noticia, tan buena como sorprendente. ¿Cómo se puede a estas alturas mantener a ese número de profesionales prestando sus servicios en régimen de interinidad? ¿Qué le pasaría a una gran empresa manteniendo a sus trabajadores bajo un régimen laboral semejante? Pues se viene manteniendo desde tiempo inmemorial en los servicios públicos de salud, ya pertenezcan al Estado o a las comunidades autónomas que los tienen transferidos. Millares y millares de profesionales llevan décadas compartiendo su responsabilidad y necesidad de mantenerse científicamente al día con la preocupación sobre el futuro incierto de su contrato.
Unos contratos que a menudo caducan y obligan a sus titulares a pasarse días en el paro o buscando nuevo empleo hasta que con un poco de suerte vuelvan a ser llamados para reincorporarse donde podrán seguir con la siempre conveniente, si no necesaria, atención de sus pacientes. El desconcierto en los hospitales suele ser frecuente y el de los enfermos a menudo más.
Las preguntas tópicas se repiten continuamente: ¿Cómo se puede estar jugando así con algo tan importante como es la sanidad pública? ¿Acaso sus profesionales juegan en una segunda división frente a los demás miembros de la sociedad que prestan sus servicios en otras actividades? En algunas comunidades pretenden someter a exámenes de cualificación a muchos de sus profesionales, con hasta veinte años de interinidad, para hacerlos fijos.
¿Puede esto ofrecer dudas? ¿Acaso hemos sido tratados durante décadas por profesionales de la medicina que no están debidamente formados o son incompetentes? Parece por fortuna que esto va a cambiar. El Gobierno ha decretado ayer mismo el final de esta situación y 46.000 sanitarios van a normalizar su situación obteniendo la fijeza en sus funciones.
Se trata de una decisión que no se presta a polémica. Al contrario. Es un derecho que se venía incumpliendo a partir de resortes legales que permitían este juego de contratos temporales que la nueva ley laboral está regulando y limitando con eficacia ya probada en otros sectores laborales.
No deja de ser importante y despeja dudas, si las hubiera, que la solución recién arbitrada cuente con el consenso entre el Estado y las comunidades autónomas. Sabemos por experiencia que no se trata de un acuerdo fácil y que se haya conseguido es una prueba más que evidencia la necesidad de encontrarle a este problema una solución global y definitiva.