La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha instado al Gobierno a que, ante la subida del coste de vida y el elevado precio de la vivienda, tome medidas, como la congelación de los alquileres o la paralización total de los desahucios. Considera que se necesitan medidas «valientes» como las que se han adoptado en Escocia, donde se ha llevado a cabo una legislación de emergencia para congelar los alquileres y frenar los desahucios ante la subida de los precios energéticos y de los productos básicos. Y es que, en España, a la inflación por encima del 10% se le suma el incremento de un 6,4% del alquiler de la vivienda, una situación que «ahoga» cada vez más a millones de personas. Las familias inquilinas dedican el 42% de sus ingresos al pago del alquiler, un porcentaje por encima de las recomendaciones de la Unión Europea y la ONU. Estamos ante otra burbuja inmobiliaria que está dejando cifras récord este 2022: en Tarragona ciudad el precio de los alquileres se ha disparado un 9,6%, respecto al año pasado, y se ha situado en 611 euros mensuales. Según un estudio de la Cambra de la Propietat Urbana, el encarecimiento se ha dado en todos los barrios, con el entorno del hospital Joan XXIII y el Eixample Sud como zonas con las tarifas más altas, desbancando a Llevant.
Las familias inquilinas dedican el 42% de sus ingresos al pago de la vivienda
La dificultad para acceder a una vivienda es un problema que, efectivamente, requiere de una solución por parte de las administraciones. El Ayuntamiento de Tarragona ha comprado 23 piso para fines sociales y está pendiente de otros seis para cederlos a Serveis Socials para atender a usuarios vulnerables. Y en Reus hay una bolsa de alquiler de gestión municipal con más de un centenar de inmuebles asequibles para personas necesitada. Son pequeños pasos para acabar con el problema, pero aún queda mucho por hacer.