Una ley para la reindustrialización

El 11 de julio venció el periodo de alegaciones para el anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo. Terminado el proceso de información pública, esta ley encara ahora su tramitación parlamentaria (tras su presumible aprobación en septiembre en Consejo de Ministros), donde se esperan enmiendas específicas que le den su forma definitiva.

¿Qué persigue esta ley y por qué se propone ahora, tras más de tres décadas desde la última Ley de Industria, que se remonta al año 1992? Una de las claves se encuentra en el título del nuevo texto legislativo: no solo es una ley de industria, sino que también lo es de «autonomía estratégica», uno de los conceptos que más van a sonar en esta legislatura europea que arranca ahora.

La de ahora es una revisión de un primer intento de ley (con un trámite de participación pública entre el 13 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023), que se adapta a los nuevos vientos europeos. Así, el Ministerio de Industria y Turismo justifica el nuevo redactado por «los cambios que se han producido desde entonces en la política industrial europea, y la necesidad de alinear el presente proyecto normativo a estos cambios».

En esos cambios se encuentra el giro estratégico de la Unión Europea hacia una reindustrialización que ayude a reforzar, entre otras áreas, su industria de defensa, ante los cambios geopolíticos presentes y en ciernes, con la guerra de Ucrania como trasfondo, pero también con la experiencia de la pandemia de Covid-19 y la crisis de los chips, que ayudaron a tomar consciencia de la falta de autonomía estratégica de la UE.

A ello se une la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) desplegada por los EEUU, que supone un apoyo público masivo a la industria estadounidense, agravando la brecha de crecimiento del PIB entre la Unión Europea y los EEUU.

El Ministerio de Industria y Turismo reconoce, en el resumen de este anteproyecto de ley, la necesidad de apoyar al sector industrial, al constatar que «la industria manufacturera (excluido el sector energético) representa el 11,6% del PIB de la economía española, un porcentaje inferior a los países de nuestro entorno».

Tras lo cual añade que «existe un recorrido importante de crecimiento del sector industrial, no solo por el impacto directo e indirecto sobre la economía, sino también para dar respuesta a los retos del contexto actual y resolver las vulnerabilidades que se han manifestado en los últimos años».

Esta nueva ley es, además, uno de los compromisos adquiridos por España ante la Comisión Europea a cambio de acceder a la gestión de parte de los fondos del instrumento extraordinario Next Generation EU, incluido en el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ español dentro de la ‘Estrategia Española de Impulso Industrial 2030’.

En este compromiso adquirido por el gobierno español está la adaptación de su legislación al Plan Industrial del Pacto Verde propuesto por la Comisión Europea, con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria europea con cero emisiones netas e impulsar una rápida transición hacia la neutralidad climática.

¿Cuáles son sus puntos destacados? Se trata de una ley que establece el marco a partir del cual se llevarán a cabo las futuras políticas industriales, que establece en diversos títulos, donde se abordan las ‘Estructuras de gobernanza’, el ‘Apoyo a la competitividad y la sostenibilidad industrial’, la ‘Resiliencia y Autonomía Estratégica Industrial’, el ‘Talento, Innovación y Cultura Industrial’, la ‘Información y datos industriales’, la ‘Seguridad y calidad industrial’ y las ‘Infracciones y sanciones’.

Entre las estructuras de gobernanza que plantea, destacan dos sobre el resto. Por un lado, la futura ‘Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica’, con una vigencia de seis años desde su aprobación, que «contiene las líneas generales y las directrices básicas de la política industrial española».

En segundo lugar se encuentra el ‘Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica’, con vigencia por tres años (el primero de ellos debería vencer en 2027), que se presenta como «el instrumento de la Administración General del Estado para el desarrollo y consecución de los objetivos de la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica».

A ello se le añaden, entre las muchas herramientas y medidas por desarrollar en un futuro, algunas propuestas contenidas en su Título Tercero, donde se habla de la calificación de ‘Proyectos Industriales Estratégicos’ (tal y como ya sucede a escala autonómica en Catalunya). En estos casos, el principal efecto que contempla la declaración de ‘Proyecto Industrial Estratégico’ es la aceleración de trámites administrativos y la reducción de plazos.

En este mismo Título Tercero se contempla también la declaración de ‘Ecosistemas Industriales Estratégicos’ (donde el polo petroquímico de Tarragona sería un claro candidato), uno de cuyos efectos «supondrá la acreditación de, al menos, razones de interés público y económico, y habilitará la posible concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva».

Por último, destaca la futura extensión de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) más allá de la vigencia del actual ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ ligado a los fondos Next Generation EU.

Con todos estos ingredientes, ¿qué opiniones suscita en el sector industrial esta nueva propuesta legislativa? Carme Poveda, presidenta de la Comissió d’Economia Industrial del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), constata que «la ley de 1992 se tenía que actualizar, porque tenemos una realidad muy diferente, y esa ley no nos permite adaptarnos al contexto del siglo XXI».

Establecer un marco

«Es una nueva ley -prosigue Carme Poveda- que incorpora el concepto de ‘autonomía estratégica’ en el título, que es lo que, después de la Covid-19, vimos que nos faltaba, porque éramos demasiado dependientes de producciones, sobre todo de China, tanto en el ámbito sanitario, como en semiconductores, como en vehículo eléctrico. Incorpora todo esto al ámbito español».

«Esta es la ley marco para España -añade esta economista-, pero la mayoría de las competencias las tienen las autonomías, y en este sentido la ley respira colaboración con las administraciones territoriales. Es una forma de ordenar. Nos hemos dado cuenta de que, sin política industrial, esto no ha funcionado. Desde Europa se pensó que podíamos llevar la producción a China y quedarnos con el conocimiento, pero el conocimiento ha de estar al lado de la fábrica. China se ha hecho muy fuerte, ahora es una potencia mundial en coche eléctrico, por ejemplo».

«Pero Europa ha despertado, ha decidido hacer política industrial. Y ahora, los estados lo están aterrizando en su territorio. La ley española suena bien, pero habrá que ver cómo se aplica a la realidad», avanza Carme Poveda.

Una opinión que es compartida por el sector industrial, que esta semana, a través de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (constituida por diversas asociaciones empresariales sectoriales que, juntas, representan alrededor del 60% de la producción industrial española), reclamó, en un comunicado conjunto, «mayor concreción y ambición» en la nueva Ley de Industria, aunque considera «positivo el nuevo marco legislativo que se plantea».

Carlos Reinoso, portavoz de esta organización, destaca que «estamos en un momento determinante para la industria, en el que la reindustrialización de Europa está en el foco, y para los gobiernos, contar con una industria que aporte autonomía estratégica es fundamental».

«Luego -prosigue-, está la transformación de la industria en materia de descarbonización, y todo esto pasa por inversiones. En 25 años, la industria en Europa ha de estar descarbonizada, pero las inversiones son ahora: si no, no llegamos a los objetivos. Creo que hay un convencimiento, en el Gobierno y en los grupos políticos, de que es el gran momento de la reindustrialización en Europa. Y cada vez hay más voces que, junto a un Green Deal, defienden que necesitamos un Industrial Deal en Europa».

Dicho esto, «no podemos renunciar al necesario nivel de ambición», destaca Carlos Reinoso, que defiende que «la política industrial solo puede ser transversal: es energética, fiscal, laboral, de transporte, ambiental... toca todas las carteras del Gobierno, y por eso necesitamos un Gobierno absolutamente alineado».

«Así que cuando hablamos de un mayor nivel de ambición -explica el portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española-, la ley no debe limitarse a cuestiones que son competencia del Ministerio de Industria y Turismo, sino a todas esas otras cuestiones».

El segundo gran punto que señalan desde esta organización es la falta de concreción de este anteproyecto de ley, donde Carlos Reinoso defiende que «tiene que tener un nivel de concreción suficiente en el tiempo a medio y corto plazo, o veremos retrasos».

«Tenemos que estar orgullosos -resume Carlos Reinoso- del potentísimo sector industrial que tenemos, y España tiene muchísimo que ofrecer en la reindustrialización de Europa, pero no nos engañemos: eso se decide a partir de dónde hagan las nuevas inversiones las multinacionales, y esa decisión valora todos los factores de los que estamos hablando».

El polo petroquímico de Tarragona, el más importante del sur de Europa, donde muchas de esas multinacionales que sopesan planes de inversión cuentan desde hace décadas con importantes centros de producción, es un claro ejemplo de todo lo que está en juego.

Lo explica Maria Mas, directora gerente de la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT): «Un aspecto positivo de la ley es que [a través de los Ecosistemas Industriales Estratégicos] define lo que son las áreas industriales en las que hay que trabajar para hacer su promoción, enfoque y modernización, y profesionalización de su gestión. En este caso, por ejemplo, las infraestructuras eléctricas o las redes cerradas serán algo muy importante».

Entre los aspectos que confían que se mejoren en la tramitación parlamentaria de esta ley están, además, «los procesos de descarbonización para electrointensivos de difícil descarbonización -explica Maria Mas-, como es el caso de los dos crackers del Polígono Norte».

«La valoración de este anteproyecto de ley -añade la directora gerente de la AEQT- en general es positiva, porque incorpora muchas de las necesidades que tiene la industria, pero en todo caso es muy genérica, y el tiempo es corto, porque los objetivos [de descarbonización] de 2030 y 2050 están a la vuelta de la esquina».

Desde la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), su director general, Juan Antonio Labat, coincide en que «es una ley marco, que no establece medidas concretas: no propone una política industrial, sino que establece los órganos para hacerla, los instrumentos que se van a utilizar», y que en su opinión, «en líneas generales es positiva, con unos órganos e instrumentos positivos».

También en el caso de Feique señalan la falta de concreción en los calendarios: «Los mecanismos nos parecen bien -explica Juan Antonio Labat-, pero falta definición sobre cuándo se han de aprobar la estrategia y los planes».

«En gobernanza -prosigue-, desde Feique ya se hizo en su día la petición de que hubiese un Secretario de Industria, que ahora ya lo hay, pero sería un gran paso que hubiese también una vicepresidencia industrial, en este caso con el ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu al frente, que institucionalmente da una señal a todos los ministerios, aunque eso es algo que escapa ahora mismo a esta ley».

Hecha esta petición, la observación que Juan Antonio Labat destaca cuando analiza el anteproyecto de ley es que «dice que no se necesitan más recursos de la Administración para desarrollar este proyecto, y eso es mentira: si no aumentamos personal, es imposible que esto se desarrolle en tiempo y forma, alguien tiene que dedicarse; le falta la concreción y le faltan los recursos».

Desde la Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen), su director general, Aniceto Zaragoza, apunta la necesidad de «reconocer la dificultad [para desplegar esta ley] por el reparto de competencias entre la Administración Central, las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, lo cual hace necesario reforzar y repensar la gobernanza».

Este portavoz de la industria cementera, con una importante presencia en la demarcación de Tarragona, asegura que «hay cuestiones que afectan a la competitividad y no están en el mismo departamento: hablar de industria y energía, por ejemplo, es lo mismo, y es importante buscar una pasarela para que estén conectados. Cuando aspectos que competen a la industria están en otros departamentos ministeriales, de nada me sirve que un ministro diga una cosa, si otro hace lo contrario». Un ejemplo aplicable también a consellers y concejales.

Menos papeleo

«Otro aspecto muy importante -prosigue Aniceto Zaragoza- es que hay que avanzar de manera decidida en la simplificación administrativa. No puede ser que un proyecto tenga diez años de tramitación, como sucede hoy, que es lo mismo que decir que no queremos que se haga el proyecto. Además, nuestros países amigos europeos han descubierto que esto es un filón de competitividad, y lo están explotando siendo mucho más rápidos en esas tramitaciones».

«Hay distintas alternativas que se pueden manejar -añade Aniceto Zaragoza-, pero hemos de empoderar a la industria, porque es su momento: perder la industria, con esa dependencia, nos genera indefensión. Necesitamos esa autonomía industrial, y lo que exigen los tiempos no es solo una visión de la industria más positiva, sino un compromiso práctico».

Desde Aspapel (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón), un sector que cuenta también con una importante presencia en las comarcas de Tarragona, su director general, Manuel Domínguez, valora el nuevo anteproyecto de ley como «clave para modernizar la industria, ahora que se vuelve a hablar de reindustrialización en España y Europa. En esta legislatura europea que empieza ahora, la industria ganará un protagonismo relevante para la autonomía estratégica y como generador de riqueza y vertebrador social».

«Hay una toma de consciencia de la relevancia de la industria», prosigue Manuel Domínguez, que destaca que «solo en la provincia de Tarragona, nuestro sector papelero tiene casi 1.300 puestos de trabajo, que suponen el 7,2% del empleo que genera el sector en España».

También desde esta organización inciden en la necesidad de repensar los mecanismos de gobernanza entre distintos niveles administrativos y dentro de las mismas administraciones, y coinciden en lo determinante que es agilizar trámites cuando se trata de atraer inversiones: «Cuando quieres poner una planta, no sabes el tiempo que te va a tomar los permisos, y eso genera inseguridad. Por eso, en nuestras alegaciones, hemos pedido el silencio positivo, para generar más inversiones».

Otra vía que contempla la nueva ley para agilizar esos trámites es la clasificación como proyecto estratégico, pero sectores como el papelero lamentan aquí «un cariz subjetivo -explica Manuel Domínguez- en el hecho de que un proyecto sea o no estratégico, porque parece que no es tan sexy hablar de pasta de papel que de chips, cuando en nuestro sector hay muchísima tecnología, y no habrá otras industrias si no tenemos papel. Pertenecemos a una cadena de valor, y generamos el 4,5% del PIB de nuestro país».

Juan Antonio Labat, director general de Feique, resume lo que está por venir, donde no presagia grandes desacuerdos en este trámite parlamentario que se aproxima, cosa que no está tan clara cuando sea el momento de poner negro sobre blanco en la futura ‘Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica’, junto con los respectivos ‘Planes Estatales de Industria y Autonomía Estratégica’: «Habrá que pelear mucho más en la estrategia y en el plan, que no ahora en los mecanismos».