Son minoría las mujeres que reciben otra pensión además de la de viudedad: poco más de 600.000 de los casi 2,2 millones que se benefician de esta prestación generada a raíz del fallecimiento de sus cónyuges, lo que supone poco más de una cuarta parte (27,8%), según datos de la Seguridad Social. Por el contrario, los pocos viudos que hay (apenas un 7,8% de los más de 2,36 millones de personas de este colectivo) cobran mayoritariamente esta pensión de manera conjunta con la suya propia, en su mayor parte la de jubilación, tal y como indica el hecho de que la exclusividad es superior al 86% hasta los 65 años, aunque podría ser también la de incapacidad permanente u otras. Representan un 66,2%, es decir, uno de cada tres hombres cuenta únicamente con esta prestación.
Los pensionistas de viudedad recibieron la pasada semana con preocupación la noticia de una futura reforma que vinculara esta prestación a la renta familiar con el objetivo de recortarla, y que podría afectar a los que la compatibilizan y a los menores de 65 años. «¿Es razonable que alguien que cobra cinco veces más que su cónyuge al fallecer éste reciba con carácter vitalicio una pensión que engrose su renta?», se preguntaba el secretario de la Seguridad Social, Octavio Granado.
Un informe de la OCDE insta a que estas prestaciones dejen de ser vitaliciasEn un principio esta pensión estaba limitada a las mujeres y solo los varones incapacitados que dependieran de sus esposas podían acceder a ella. Esto cambió en 1983 tras una sentencia del Constitucional, que extendió su aplicación también a los hombres.
Pero quizá éste no haya sido el mejor momento para que Granado hiciera esta reflexión al estar a la vuelta de la esquina unas elecciones generales. Y así se lo afeó al día siguiente la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a su secretario de Estado. Y rectificó «totalmente» que el Gobierno esté pensando en «modificar en absoluto nada» de las prestaciones de viudedad, salvo que sea para «mejorarlas».
Sin embargo, las reflexiones de Granado son las mismas que se hizo la Comisión del Pacto de Toledo. Se llegó a elaborar un borrador sobre la Recomendación 13, que trata de las pensiones de viudedad y orfandad, en la que se abogaba también por «llevar a cabo de manera gradual una reformulación integral». Así, consideraba que «puede ser factible aplicar una prueba de rentas» para acceder a esta pensión que «tenga en cuenta la situación financiera de la unidad familiar». También dejaba entrever su posición favorable a utilizar otros criterios como la edad, los hijos o las compatibilidades.
Recomendación
En esta línea, la OCDE emitió hace escasos meses un informe en el que recomendaba a España que estas prestaciones dejen de ser vitalicias a menos que el beneficiario haya alcanzado la edad de jubilación, es decir, que sean temporales para quienes están en edad de trabajar. Así, todo hace prever que en un futuro no lejano la pensión de viudedad al menos se reformulará, y que, salvo para aquellas viudas mayores de 65 años y que no perciben otras rentas (cerca de medio millón), para las que todos abogan por mejorárselas, para el resto, lo más probable es que sufran algún tipo de recorte. Aunque en un principio no será para los actuales beneficiarios, sino para los futuros.
