Los planes de pensiones de empresa llegan a las pymes

Las reformas en el sistema de pensiones comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el gobierno español ante la Comisión Europea para acceder a 70.000 millones de euros en ayudas directas y otros 70.000 millones en créditos procedentes del instrumento extraordinario Next Generation EU siguen sucediéndose. Ahora, con los planes de pensiones colectivos, un territorio hasta hoy apenas frecuentado en España por grandes empresas y multinacionales, y que se busca extender a las pymes.

Esta semana, el Consejo de Ministros aprobó el envío al Congreso del Proyecto de Ley de impulso de los Planes de Empleo Colectivos en el que, entre otras medidas, se contempla que las empresas que desarrollen planes de pensiones para sus trabajadores puedan deducirse en las cotizaciones a la Seguridad Social las aportaciones a estos planes, hasta un máximo de 115 euros al mes por empleado o 1.380 euros al año, lo que, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, supondría un ahorro de casi 400 euros por trabajador.

Además, con la nueva ley propuesta, cada trabajador podrá contribuir a estos planes de empleo con una aportación mayor a la de la empresa a efectos de la deducción fiscal en el IRPF, mientras que hasta ahora su aportación solo podía ser igual a la de la empresa.

El trabajador se deducirá de la base imponible del IRPF su contribución, que podrá llegar a 1.250 euros anuales si la empresa pone hasta 500 euros, a 2.000 euros si la empresa pone entre 501 y 1.000 euros, a 2.250 euros si la empresa aporta entre 1.001 y 1.500 euros y a igual cantidad que la empresa si ésta aporta más de 1.501 euros.

Las empresas que desarrollen planes de pensiones para sus trabajadores podrán deducirse hasta 115 euros al mes por empleado en las cotizaciones a la Seguridad Social

Durante su presentación, el ministro Escrivá aseguró que con la nueva ley se favorecerá el desarrollo de los planes colectivos de pensiones, especialmente entre las rentas medias y bajas. Para ello, el texto facilita la creación de planes colectivos en el marco de la negociación colectiva y habilita la creación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública.

El objetivo, insisten desde el Gobierno, es facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro de bajas comisiones a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes.

Con una aportación de hasta 500 euros al año por parte de la empresa, un trabajador que contribuya también a su plan colectivo podrá deducirse hasta 1.250 euros anuales de la base imponible de su IRPF

Reformas prometidas

Marcos Eguiguren, director de la Càtedra Internacional de Finances Sostenibles de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM) y experto en pensiones, reflexiona sobre esta iniciativa legislativa: «Es evidente -explica Eguiguren- que, cuando tú tienes una Unión Europea que se aviene a regalarte 70.000 millones de euros y a prestarte hasta 70.000 millones más, eso no sale gratis».

Es en el instrumento Next Generation EU en el que se enmarcan estas reformas, donde junto a esos 140.000 millones de euros que deberían destinarse a «mejorar la capacidad de la economía española para ser más competitiva y aumentar los ingresos del Estado», explica Eguiguren, hay unos cambios comprometidos para hacerse merecedores de esas ayudas.

España aspira a obtener hasta 70.000 millones de euros en ayudas del instrumento Next Generation. A cambio, se ha comprometido a una serie de reformas entre ellas la del sistema de pensiones

El sistema de pensiones es uno de ellos, y esta última medida es la más reciente de las que ya se han ido implantando en esta materia desde que la Comisión Europea aprobó el plan presentado por el gobierno español. «Hace un año -explica este profesor de la UPF-BSM- ya se desincentivó o subió la penalización para las jubilaciones anticipadas o la subida de las cotizaciones sociales durante diez años, pero son medidas que no abordan el principal problema del sistema de pensiones español, como no lo aborda el proyecto de ley de esta semana».

Marcos Eguiguren explica las razones que le llevan a esta conclusión. «La pensión del sistema público en España -expone- es relativamente generosa en comparación con otros países, con un importe medio para una persona que se jubila que se encuentra alrededor de un 80% respecto a su último sueldo, mientras que en otros países europeos esa proporción está entre el 50% y el 60%».

«No se trata de un debate entre planes colectivos o individuales: puede haber los dos, como sucede en Holanda o Alemania»
Marcos Eguiguren, UPF-BSM

«Es un sistema -prosigue- que está basado en la solidaridad intergeneracional, y que estaba bien cuando teníamos la pirámide poblacional de postguerra, e incluso hasta los años setenta, ochenta y noventa, pero que es absolutamente insostenible si tienes una pirámide que es un barrilete, como tienes ahora, y a punto de invertirse. Es imposible que con esa pirámide poblacional los jóvenes puedan sostenerlo, y todos estos elementos hacen que el sistema de pensiones necesite una reforma que vaya mucho más allá de lo que está planteando el Gobierno».

Con todo, reconoce que «lo que ha aprobado esta semana el Gobierno Sánchez ya va parcialmente en la buena dirección, con una nueva manera de interpretar los planes de pensiones colectivos a través de la empresa».

«Quitar los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales no fue una buena idea»
Jordi Ciuraneta, Pimec Tarragona

« Los mejores sistemas de pensiones -asegura Eguiguren-, como el de los Países Bajos o Dinamarca, se basan en tres pilares. El primero es una pensión pública, que cubre entre un 50% y un 60% del último salario. En segundo lugar están los planes colectivos de empresa o de sector, con ejemplos como los Países Bajos, donde un 95% de las empresas tienen su propio plan o están en uno sectorial».

«La empresa -prosigue con el ejemplo holandés este profesor de la UPF-BSM- retira un porcentaje del salario de las personas y lo pone en este plan colectivo, de manera que los trabajadores van acumulando dinero, vía ahorro, hasta amasar otro 30% o 40% de su último salario. Por último, los gobiernos fomentan el ahorro privado, mediante una fiscalidad que impulse los planes de pensiones individuales. Al final, sumando los tres conceptos, se alcanzan rentas que quizás están en un 120% o 130%».

«¿Dónde está escrito que las cotizaciones tengan que pagar las pensiones? No me entra en la cabeza que vayamos hacia una sociedad de rebaja de las pensiones»
Antonio Terceño, URV

«En España -contrapone Marcos Eguiguren-, en cambio, se mantienen las pensiones públicas, pero se han cargado las pensiones privadas, cuando había muchísima gente de clase media que hacía uso de estas ventajas fiscales, lo cual pienso que es un error, porque no se trata de un debate entre planes colectivos o individuales. Puede haber los dos, como sucede en Holanda o Alemania».

Este profesor de la UPF-BSM alude a la reducción en el límite deducible en el IRPF por las aportaciones a planes de pensiones individuales, que en 2021 pasaron de 8.000 euros anuales o el 30% de los rendimientos netos de trabajo y de actividades económicas a 2.000 euros anuales, y que este 2022 se han rebajado hasta los 1.500 euros anuales.

La nueva ley facilitará crear planes colectivos en el marco de la negociación colectiva

Se trata de una crítica compartida por Jordi Ciuraneta, presidente de Pimec Tarragona: «Más allá de que esta última reforma pueda estar bien intencionada y orientada, cosa sobre la que todavía no podemos dar opinión, puesto que no hemos estado en la negociación (Pimec no forma parte de los integrantes de la Mesa de Diálogo Social entre Gobierno, sindicatos y patronales) y reiteramos que es un error excluir a nivel del Estado español la representación del colectivo más grande, que son las pymes, pensamos que quitar los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales no fue una buena idea».

«Cuando se penalizaron los planes individuales -prosigue Ciuraneta- lo criticamos, porque los usan muchos autónomos, y retirar los incentivos fiscales no es una buena solución, porque sitúa la presión en la negociación colectiva».

Con un camino legislativo todavía por recorrer en la propuesta de ley que se aprobó esta semana, «los planes de pensiones colectivos, a priori, pueden ser algo bueno -reflexiona Jordi Ciuraneta-, siempre y cuando no sean para favorecer solo a las grandes empresas. Es algo que nos preocupa, y creemos que si no se refuerza el papel de las pymes en la negociación colectiva, no funcionará. El temor es que no vuelva a ser, una vez más, un texto legislativo que no beneficia a las pymes».

En 2021, el Gobierno rebajó notablemente los incentivos fiscales para los planes individuales

Antonio Terceño, decano de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili (URV), coincide: «El hecho de que haya planes de pensiones empresariales me parece bien, pero eso es algo que ya se podía hacer. No tengo tan claro que para la pyme los incentivos sean tan potentes, y me parecen un error los recortes en los incentivos de los planes individuales».

«Todas estas personas que pueden hacerse uno de estos planes individuales -prosigue Terceño- es porque tienen recursos medio-altos, con lo que podríamos acordar, por ejemplo, que las pensiones más altas no suban, porque pueden asumir un plan de pensiones individual».

El problema de fondo de la pirámide poblacional y de la sostenibilidad del modelo de pensiones, sin embargo, sigue ahí, y «si estas reformas las planteas solo como complemento a las pensiones, no tiene demasiado sentido», añade este catedrático de Economía Financiera. «Si esto es para sustituir el sistema público y hacer uno mixto -prosigue-, entonces los incentivos han de ser claros y suficientes».

La clave del éxito de estos planes colectivos es que sean realmente atractivos para la pyme

«La pirámide poblacional que tenemos hoy -explica Antonio Terceño- tiene una barriga que va subiendo hacia arriba y, en los próximos quince años, quienes estamos en la parte más grande de esta pirámide acabaremos todos jubilados. Y si este no fuese un país en el que una tasa de paro del 8% solo la conseguimos en las mejores épocas económicas, y eso es lo mejor que podemos conseguir, es obvio que tenemos un problema».

Como solución a él, «me parece que, en un estado del bienestar, plantearnos rebajar las pensiones no tiene sentido, pero si queremos evolucionar hacia un sistema mixto, eso es un proceso lento y los incentivos se han de ver», añade Terceño.

Marcos Eguiguren, de la UPF-BSM, reflexiona sobre esto último: «¿Me gusta lo que hace el Gobierno? Sí y no.  Sí me gusta que promocione planes colectivos, y que lleguen al conjunto de las pymes me parece muy bien. No me gusta que desincentive los planes privados. Porque no olvidemos que esto es un camino claro para que, muy lentamente, haya un trasvase que nos lleve hacia pensiones públicas más bajas, sin duda».

«El sistema de pensiones español -prosigue Eguiguren- ha funcionado muy bien durante muchos años, pero la comparación con los Países Bajos o Dinamarca me hace plantear una reflexión de tipo moral, y es que el Estado no puede ni ha de sustituir la responsabilidad moral del ciudadano de mirar por su futuro. Es injusto, porque no promueve el ahorro del ciudadano poniendo las herramientas para ello y dejando que el ciudadano asuma esa responsabilidad. Poner toda la responsabilidad en manos de ‘Papá Estado’ es profundamente inmoral».

 

Antonio Terceño, de la URV, no tiene tan claro que esos referentes puedan trasladarse tan fácilmente hasta aquí. «Las economías de los países del norte de Europa están muy basadas en el valor añadido, y eso hace que, como son empresas en general no intensivas en mano de obra, esos planes colectivos sean asumibles para las empresas. Pero aquí continuamos teniendo sectores muy intensivos en mano de obra, y estos planes colectivos no dejan de ser un incremento del coste salarial. Todo es trasladable, pero hay que mirar el contexto en el que estás». 

En este punto, lanza una pregunta: «¿Dónde está escrito que las cotizaciones tengan que pagar las pensiones? También se podrían pagar con impuestos. Lo que no me entra en la cabeza es que vayamos hacia una sociedad de rebaja de las pensiones. Con lo que, hoy por hoy, alargar la vida laboral me parece ya poco discutible», concluye Terceño.