La batalla de los hoteles y agencias de viajes contra el nuevo registro de hospedaje y alquiler de vehículos, con amenaza incluida de llevarlo a los tribunales, no ha servido de nada y desde hoy entrarán en vigor las nuevas obligaciones de las empresas del ramo entre las que se incluyen aportar hasta 42 datos de los viajeros y de las reservas. En caso de no cumplir, se contemplan multas de hasta 30.000 euros.
El sector denuncia la elevada carga burocrática, la pérdida de competitividad y la posible vulneración de privacidad de los viajeros. Sin embargo, el Ministerio Interior asegura que en todo el proceso de elaboración y aprobación del decreto ha respetado el principio de transparencia y eficiencia, al haber contado con la participación de los destinatarios y quedar los objetivos de la regulación claramente definidos tanto en el preámbulo de la norma como en la memoria, sin que «se hayan incluido cargas administrativas innecesarias o accesorias».
Finalmente, las empresas afectadas se verán obligadas a proporcionar los datos correspondientes en la plataforma Ses.Hospedajes, que lleva disponible desde 2022 y en la que ya se han registrado 61.540 establecimientos hoteleros, 1.994 agencias de viajes, 222 plataformas digitales, 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor. Sumando todas estas empresas, se han registrado un total de 4,77 millones de datos de usuarios vinculados a estas empresas.
Desde el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska se ha hecho hincapié en la situación de seguridad actual, afirmando que los mayores ataques a la ciudadanía vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional. «En ambos casos cobran especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona una mayor privacidad en esas transacciones», explican.
Por tanto, para Interior, la normativa actual queda «obsoleta» e «inservible» debido a que, por ejemplo, la norma del registro en hospedaje tiene 65 años de antigüedad. Este hecho supone dejar fuera de su ámbito de aplicación las nuevas modalidades de actividades de hospedaje, como son las viviendas turísticas de corta duración explotadas por empresas o particulares mediante el registro en portales o centrales de reserva a través de medios digitales o internet.
En este sentido, esa totalidad de casi 4,8 millones de datos ha permitido localizar a 18.584 personas que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o internacionales, entrando en consonancia con la finalidad principal del decreto, que es mejorar la seguridad ciudadana, según Interior.