Las reclamaciones relacionadas con el sector eléctrico que gestionó la Agència Catalana del Consum el año pasado en la provincia de Tarragona se doblaron en comparación con las del 2020, pasando de 324 a 644. Pero si hubo un apartado en el que estas quejas se dispararon especialmente fue en el la facturación y el cobro, que prácticamente se multiplicaron por tres, de las 161 de 2020 a las 407 de 2021.
Más de la mitad del total de reclamaciones estuvieron relacionadas con desacuerdos con los importes facturados -incluidos los casos de periodos no facturados y la dificultad posterior de fraccionar el pago. Por detrás -con un total de 102- estuvieron las quejas relacionadas con las condiciones del contrato y, en menor medida, otras como la calidad del servicio o las reparaciones parciales o incorrectas.
El secretario general de Facua-Consumidores en acción, Rubén Sánchez, constata «un incremento de reclamaciones vinculado a las eléctricas» y de diferente tipo: «Hay casos en los que desde junio no se han emitido los recibos, porque las empresas no se han adaptado al sistema de regulación de fijación de precios por tramos horarios y eso ha dado lugar a que no leyeran los contadores o lo hicieran con errores. Eso ha sembrado el caos, hemos visto a familias a las que les han intentado cobrar seis facturas de golpe y legalmente no se puede hacer».
Sánchez recalca otras casuísticas, como «acusaciones falsas de fraude a los consumidores, indicándoles que habían manipulado el contador, sin que se haya producido una inspección oficial por parte de un técnico de la administración, y con el usuario presente». En otras ocasiones, las quejas tienen que ver con el precio: «Hay reclamaciones de personas a las que les han aplicado una subida sin respetar el contrato que tienen», añade el secretario general de Facua.
Explicaciones a la compañía
En otras ocasiones, el propio aumento del coste energético es el que suscita la reclamación, demandando algún tipo de explicación a la compañía por si ha habido algún fallo en la medición. «Nos llevamos una sorpresa. Con el mismo consumo, ahora hemos pagado el doble», explica un tarraconense, padre de familia en un hogar con dos adultos y tres niños.
«En abril pagamos 225 euros por consumir 1.580 kilovatios y en diciembre, por 1.200, nos ha costado 392. Es decir, por un consumo algo menor hemos pagado el doble. Reclamé a la compañía para que revisaran la factura para ver qué opciones tenía de pasarlo a tarifa plana, por ejemplo, o buscar alguna otra vía para no tener que pagar 400 euros al mes, algo que no nos podemos permitir».
En este caso, no es tanto responsabilidad de la compañía como sorpresa para una familia que no esperaba ese ‘golpe’, que les llegó repentinamente aunque el precio de la luz subía desde hacía meses. «Durante los meses anteriores no percibimos ese aumento, pero ahora sí, y eso que la mayor parte del consumo lo hacemos en los tramos más bajos. En cualquier caso, vamos a intentar reducir el gasto y también mirar otras alternativas, cambiar a otra compañía o tener otra tarifa, porque esto es inasumible. Y, como yo, habrá otras familias. Entiendo que tenga que pagar más luz que otra familia, porque somos cinco personas, pero lo que no puede ser es que ahora paguemos el doble», añade este usuario.
Por su parte, el director de la Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias, destaca que, después de la entrada en vigor de las nuevas tarifas de la luz y los cambios en la factura, «desde la Agència pusimos en marcha una campaña específica para dar herramientas a la ciudadanía para entender la factura y poner a su disposición nuestros servicios para resolver consultas y reclamaciones, así como valorar posibles irregularidades en la aplicación de los precios». Sutrias añade que en 2021, «la Agència atendió cerca de 4.000 consultas sobre el suministro de electricidad en toda Catalunya, la mitad de las cuales relacionadas con la facturación o el cobro del servicio».
Control a las eléctricas
Desde la entrada en vigor de las nuevas tarifas de la luz por los contratos de suministro doméstico el pasado 1 de junio de 2021, la ACC ha intensificado las actuaciones de control a compañías eléctricas. En este sentido, hay actuaciones de control abiertas a las diversas empresas comercializadoras de luz que operan en Catalunya, para verificar si proporcionan información correcta y transparente a las personas consumidoras por lo que respecta a precios y tarifas, así como ante cualquier modificación contractual. En este último supuesto se comprueba que se ofrezca la posibilidad de rescindir el contrato sin ninguna penalización, tal y como recoge la normativa vigente.
Además, la inspección de consumo actúa en aquellos casos en los que se detectan altas contractuales no consentidas. Es decir, sin constancia de ningún tipo de solicitud, documento ni firma de los titulares. O cuando se omite la información precontractual previa y obligatoria sobre las condiciones del contrato.