Una vez que la batalla para reducir la jornada laboral a 37,5 horas se ha trasladado ya a manos del Gobierno y de los grupos parlamentarios, la siguiente guerra que afrontarán ahora los sindicatos es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que el Ejecutivo quiere aprobar antes de que termine el mes.
Y UGT ha lanzado ya un primer aviso al Gobierno de coalición: no tolerarán un alza que no esté por encima del 4%, un porcentaje que parece estar encima de la mesa, en vista de las declaraciones realizadas la semana pasada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que abogó por un incremento en línea con la subida de los salarios por convenio.
También rechazó con rotundidad el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, que tengan que aceptar la horquilla que proponga el comité de expertos, que lleva desde diciembre trabajando en determinar cuál es el incremento que hay que hacer para este año para que el SMI se mantenga en el 60% del salario medio y se cumpla así con la Carta Social Europea.
«Por supuesto que no vamos a acatar la franja que decida el grupo de expertos. Solo dan orientaciones, hacen sugerencias...», aclaró este miércoles durante un desayuno con periodistas Álvarez, quien reconoció además que en ese comité los expertos puestos por el ministerio de Economía y de Trabajo se enzarzan entre ellos por llevar adelante las posturas de cada uno. En este sentido, anticipó que espera que no sea cierto que la subida que proponen oscilará entre el 3% y el 4%, porque no la aceptarán los sindicatos. «Deberá ser por arriba del 4%, sin lugar a dudas», advirtió.
No obstante, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido a respetar el informe del comité de expertos que está a punto de publicarse y, por tanto, que la subida del SMI estará dentro de la franja que ellos marquen. Eso sí, antes de aprobarlo en Consejo de Ministros, buscará alcanzar un acuerdo con los sindicatos y la patronal. UGT y CC OO acudirán a la mesa del diálogo social con una propuesta conjunta para elevar la renta mínima entre un 5% y un 6%, mientras que la CEOE ya se ha mostrado contraria a cualquier incremento. «Desde luego nosotros vamos a la reunión con la perspectiva de un aumento que esté entre el 5% y el 6%. Desde UGT queríamos llegar incluso más allá», desveló Álvarez.
Otra petición que realizó al Gobierno el líder de UGT es que se apruebe «de forma inmediata» el nuevo registro horario -que deberá ser digital y accesible en remoto por parte de la inspección en cualquier momento del día-, sin esperar a que vea la luz la reducción de la jornada, puesto que esta medida debe pasar por el Congreso, mientras que el endurecimiento del control horario no, puede aprobarse por real decreto ley, puesto que no supone un cambio en el Estatuto de los Trabajadores. «El Gobierno tiene instrumentos para implantarlo de manera inmediata. Hay que buscar una solución para esos más de 2,5 millones de horas extraordinarias, que se hacen y no se pagan», precisó Álvarez, que, por tanto, sugirió separar esta medida de la reducción de jornada, cuyo trámite parlamentario se prevé largo y complicado, para aplicarlo ya cuanto antes.
Los sindicatos también se han mostrado contrarios a modificar el acuerdo para reducir la jornada laboral e incorporar las ayudas a las pymes -defendidas por Cuerpo- durante su aprobación en el Consejo de Ministros, sino que defiende que «si se ha de recuperar, se debe hacer en la tramitación parlamentaria».
UGT también solicitará en los próximos días por escrito al Ministerio de Trabajo un estudio para conocer cómo y cuáles son los efectos que ha tenido la reforma laboral con datos objetivos cuando se cumplen cuatro años de su aprobación.
