El último tirón de orejas por el retraso (una vez más) en transponer una directiva europea le llegó a España a principios del pasado mes de octubre en forma de denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Reino de España lleva desde el 1 de enero de este año fuera de plazo para transponer la Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo de 15 de diciembre de 2022 relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión.
Apenas tres estados miembros más de la UE (Polonia, Chipre y Portugal) le acompañaron en este grupo de rezagados con denuncia. El resto, había cumplido con el compromiso alcanzado por 138 estados miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para luchar contra la elusión fiscal de las multinacionales y grandes empresas, estableciendo una imposición mínima efectiva del 15% para todas ellas, en cualquiera de los 138 países firmantes.
Lo habían hecho transponiendo la directiva redactada para este fin, y cuya no transposición en España acerca la multa y aleja las ayudas del instrumento extraordinario Next Generation EU. El 31 de diciembre de este 2024 marca un nuevo punto de inflexión, que podría llevar a importantes sanciones a partir de 2025 y a dejar congelado, como mínimo, el cobro de los próximos paquetes de ayudas europeas, de los que dependen proyectos estratégicos contemplados en los PERTE.
La transposición de esta directiva europea, a partir de un impuesto complementario que grava el resultado ajustado contable de las empresas (ingresos menos gastos), en lugar de la base imponible contenida en el Impuesto de Sociedades, es lo que se vota este jueves en el Congreso de los Diputados. Nadie pone en cuestión que deba aprobarse, porque no hay mucho que discutir. No es opinable. Es una directiva de la Comisión Europea y los estados miembros deben aplicarla. No hacerlo, infringe la ley. (También te lleva a los tribunales, y congela los fondos condicionados a reformas que te has comprometido a hacer).
El problema es que este impuesto complementario, que quiere contribuir a luchar contra la elusión fiscal que practican las grandes empresas -jugando con sus resultados entre países con fiscalidades distintas- está ahora embarrado con unas enmiendas que le han caído en cascada, y que sí que despiertan opiniones encendidas. El impuesto a la banca y la batería de medidas que le acompañan son un retraso sobre el retraso.