La sequía, la crisis climática, la inflación, la mano de obra, la reducción de hectáreas de cultivo y menos cosechas se ha traducido en menos producción y también en subidas de los precios de los alimentos. Por ese motivo, las importaciones de países vecinos han aumentado para contener esas subidas, en detrimento de los productores locales, que ven cómo, en algunos casos, no pueden cubrir ni el coste de producción.
Desde la Federació d’Empreses de Productors de Venda de Proximitat de Catalunya, su presidente, Llorenç Llop indica que «es posible que se haya notado la sequía en algunos productos, como los cereales, pero en el ámbito de la fruta y la verdura, producto hay y, además, está exportándose muchísimo porque fuera pagan mejor y hay payeses que aquí no consiguen ningún beneficio».
¿A qué se debe, pues, el incremento de la importación? Desde que se aprobaron los acuerdos de comercialización y liberalización del comercio entre la Unión Europea y los países socios del sur del Mediterráneo (Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos y Túnez), el impacto en el sector español de frutas y hortalizas ha sido notable. Según los expertos del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, el desmantelamiento de explotaciones tanto agrícolas como ganaderas provocó que en España el precio de los alimentos subiese un 11,7% en 2023, al que se añadiría el 15,3% que subieron en 2022.
«La importación puede llegar a ser necesaria en contextos como el actual, pero la realidad del mercado es que aquí se mira el precio, importamos barato y casi todas las cooperativas catalanas están exportando su producto de primera calidad porque les pagan más», apunta Llop.
Todo ello en un contexto en el que, según el presidente de la Federació, «cada vez hay más controles y más obstáculos; estamos luchando en desventaja porque hay otros países que no pasan los mismos controles y venden más barato». «Nos es muy difícil competir contra esos precios», añade.
La situación se encrudece cuando muchos de estos productos, además, se importan sin etiquetajes adecuados de procedencia, lo que impide en muchos casos al consumidor final saber de dónde viene el alimento que está adquiriendo, «cuando los artículos autóctonos son más naturales y con una calidad superior».
El responsable de organización, acción sindical y comunicación de Unió de Pagesos, Carles Vicente, confirma que «hay malos comportamientos: como se ha necesitado, han entrado frutas y hortalizas mal identificadas, como peras holandesas y turcas o tomates marroquíes».
Ese tipo de situaciones favorecen una dinámica que, según la payesía autóctona, les resta competitividad: «Las exigencias que tenemos y el coste de producción, en comparación con el de venta, hacen que el campo muera poco a poco», manifiesta Vicente, quien asegura que «ser competitivos es la herramienta más importante para preservar las explotaciones agrarias».
«Los políticos deberían explicar a los consumidores que el producto autóctono tiene una serie de beneficios y que, por eso, tiene unos costes añadidos; la elección debe ser libre, pero tiene que haber transparencia», asegura. Es la clave para que las campesinas y los campesinos puedan seguir viviendo de la tierra a la que tanto tiempo dedican y mantengan los productos que nos definen como territorio.