La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convocará a sindicatos y patronal para negociar la reforma de la indemnización por despido tras la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales que considera que la legislación española «viola» el artículo 24 de la Carta Social Europea. El fallo, que se publicará el próximo lunes, es contrario al tope de dos años de salario en los despidos improcedentes y considera que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales de cada trabajador despedido a la hora de calcular la indemnización. La negociación abre otro frente entre el Ministerio de Trabajo y la patronal, cuando aún no han conseguido acordar la reducción de la jornada de trabajo, uno de los principales objetivos de Díaz en esta legislatura.
La ministra aseguró que el despido en España «es un elemento más que va a ser susceptible de reforma» y que se abordará en la mesa de diálogo social acomodándolo a la legislación europea. «He de decirles que en el acuerdo de Gobierno está contemplada esta materia y es clave que lo que es fuente de derecho europeo, como hemos hecho en otras materias en nuestro país, forme parte de nuestra legislación», subrayó Díaz antes de visitar la Fundación Laboral de la Construcción. La titular de Trabajo señaló, no obstante, que esta reforma se abordará «con absoluta tranquilidad» y una vez concluya la negociación sobre la jornada laboral y la situación de los becarios. Díaz insistió en que el despido «no es un problema» porque «los empresarios no contratan a la ciudadanía para despedirla». «Lo digo con absoluto conocimiento», remarcó.
La resolución del Comité Europeo, que se produce a raíz de una demanda presentada por UGT, no es vinculante, aunque el Gobierno español firmó la Carta Social Europea y se comprometió a cumplir las decisiones de este órgano. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, explicó ayer que este fallo introduce un concepto nuevo para la legislación española, que consiste en que la indemnización por despido no puede ser conocida con antelación por los empresarios porque «pierde el efecto de disuasión». Álvarez dijo que la reclamación no se puso para incrementar las indemnizaciones, «sino para que no haya tanta ligereza a la hora de despedir, para que los costes sean tan altos o tan inciertos que lleven al empresario, en lugar de despedir de manera arbitraria, a hablar con el trabajador».