El estado de mantenimiento de nuestro parque edificatorio es deficiente: según el INE (Censo de Población y Vivienda, 2011), un 28% de los edificios en la provincia de Tarragona fueron construidos antes del 1960, cuando no había normativa de calidad de la edificación o de eficiencia energética (una de las primeras llegó con el Decreto 195/1963). Además, según datos de Eurostat (2019), el 14,7% de la población española reside en viviendas con diversos problemas de habitabilidad, como goteras, humedades, etc. No es de extrañar que en los cascos antiguos de muchos municipios aparezcan edificaciones en estado de ruina, incrementando no solo el número de viviendas vacías de la población –puesto que estas no se pueden vender ni alquilar sin cédula de habitabilidad–, sino también deteriorando los núcleos urbanos.
Además, parte de las edificaciones en uso tienen una calificación energética baja, requiriendo importantes costes mantenerlas atemperadas. En Cataluña, la calificación energética más predominante es la E (540.244 viviendas de un total de 1.033.586 viviendas existentes certificadas), seguida de la G, es decir, la menos eficiente (171.470 viviendas; IDAE, 2019). Ello tiene un impacto medioambiental, al requerir más energía para aclimatar esos hogares, y social, puesto que las familias residentes en viviendas menos eficientes –normalmente las más vulnerables– tendrán más gasto energético, llegando incluso a situaciones de pobreza energética.
La Unión Europea ha apostado por incrementar la eficiencia energética financiando la rehabilitación (Pacto Verde Europeo, 2019). En esta línea, se publicaron a finales del 2021 los RDL 19/2021 y 853/2021 que, con fondos europeos Next Generation, regulan diversas medidas para cofinanciar la rehabilitación energética (ej. un 40% del coste de las obras, con límite de 3.000€). No obstante, algunas familias no podrán optar a estas ayudas. En primer lugar, porque muchas no pueden obtener apoyo profesional para preparar la documentación de convocatoria. En segundo lugar, por la necesidad de cofinanciar las obras por parte del solicitante, excluyendo aquellos sin capacidad económica para llevarlas a cabo. De hecho, como afirma el informe Concrete Actions for Social and Affordable Housing in the EU (Nasarre, et al., 2021), cuando la asequibilidad de la vivienda es una prioridad, otros problemas relacionados con las condiciones de vida se quedan sin resolver. Es natural que una familia con dificultad para pagar su cuota hipotecaria o el alquiler no pueda gastarse parte de sus ahorros en acometer obras de eficiencia energética.
Ante esta situación, la administración local, en el marco de sus planes de vivienda, puede asegurar el apoyo en la preparación de la documentación con la colaboración de los administradores de fincas. También pueden crear programas para cofinanciar el coste de las obras para familias vulnerables –que son de hecho las que más necesitan un ahorro energético–. No obstante, a falta de estas medidas, los interesados pueden buscar mecanismos jurídico-privados para fomentar la eficiencia energética de la vivienda sin depender del sector público. Una de las alternativas disponibles es la rehabilitación por renta, regulada en el art. 17.5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y que permite que un arrendatario con recursos económicos limitados pueda acceder a una vivienda sin pagar una renta en dinero, a cambio de llevar a cabo obras de rehabilitación o reforma, que pueden incluir las de eficiencia energética. Con esto, se permite el acceso asequible a una vivienda, su rehabilitación y, consecuentemente, la reducción de la pobreza energética, sin que el propietario deba llevar a cabo inversión alguna.
Rosa M. Garcia Teruel, investigadora postdoctoral de la Cátedra UNESCO de Vivienda (URV).
