El nuevo gobierno de la Generalitat tiene sobre la mesa el reto de la transición energética y la reformulación del despliegue de las energías renovables en el territorio. Los proyectos para instalar parques eólicos y fotovoltaicos se han multiplicado en los últimos dos años, desde la aprobación del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, poniendo en alerta diversos territorios, como la Terra Alta, el Baix Ebre y el interior del Camp de Tarragona, ante una posible masificación de estas instalaciones. Ante estas inquietudes, el nuevo pacto de ERC y Junts alude directamente a la necesidad de un Pla Territorial d’Energies Renovables en Catalunya, con un mapa de espacios adecuados para la implantación de estos parques, y la modificación del decreto de renovables. También advierte que la Ponència d’Energies Renovables no dará viabilidad a ningún proyecto de «alto impacto ambiental». Además, prevé incorporar a la ponencia a «representantes municipales», y dar apoyo técnico y jurídico a ayuntamientos y consells comarcals para evaluar los proyectos. Esta ponencia, creada a partir del decreto, supone un filtro previo de los proyectos que se presentan a la Generalitat –los de más de 50 Megavatios (Mw) los tramita directamente el Ministerio de Transición Ecológica–, y se encarga de determinar si el emplazamiento es viable o no.
En el caso de la energía eólica, después de diez años de parón, se han presentado a la ponencia 135 nuevos proyectos, con un potencia total de 5.359 Mw, de los cuales se han analizado ya 123. De estos, un 40 por ciento se han declarado no viables, y por tanto, ya no se pueden tramitar. Un 33,6 por ciento son viables, y a un 26,4 por ciento se han puesto condiciones. Quedan por analizar 12 proyectos.
Una vez superada la ponencia, los parques tienen que iniciar el proceso de tramitación administrativa y la exposición pública, donde se requieren estudios de impacto ambiental.
La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, que aglutina a las plataformas contrarias a estos proyectos, ha pedido al Govern de la Generalitat una derogación (no una mera modificación) del actual decreto, para vetar los grandes proyectos. La Xarxa estima que se deben vetar incluso determinados parques eólicos que ya han superado una primera criba.
«Desde las entidades y plataformas del territorio, queremos poner de relieve que, para planificar debidamente el desarrollo de las renovables en Catalunya, poniendo la ciudadanía y los criterios ecológicos en el centro, como menciona el documento, es imprescindible declarar una moratoria de la gran cantidad de grandes centrales de energía eólica y fotovoltaica que la Ponència d’Energies ya ha declarado, en la consulta previa, viables o viables condicionados», expresan.
Por su parte, las patronales del sector eólico y fotovoltaico se abren a una reforma del decreto de renovables para mejorarlo, pero se oponen radicalmente a cualquier moratoria que paralice las iniciativas. «No podemos esperar más si queremos alcanzar los objetivos de la transición energética para los horizontes 2030», detalla Jaume Morrón, gerente de la Associació Eòlica de Catalunya, EolicCAT.
Desde el territorio
El Baix Ebre es la comarca catalana con más aerogeneradores, 159. En los últimos dos años se han solicitado 68 más, de los cuales 48 han sido declarados no viables por la Ponencia de Energías Renovables.
La comarca de la Terra Alta aglutina 148 aerogeneradores en marcha, habiéndose solicitado 107 más hasta día de hoy, de los cuales 61 se han descartado. Donde se han solicitado más es en la Ribera d’Ebre, con 217 (actualmente tiene 21 en servicio), aunque se han declarado 90 no viables. También en la Ribera d’Ebre se concentra una gran solicitud de superficie fotovoltaica: 617 hectáreas.
La DO Terra Alta ha sido una de las entidades que ha encabezado el movimiento contra la masificación eólica en la Terra Alta en los últimos años, ya que considera que va en detrimento del modelo de futuro comarcal, basado en el paisaje, la agricultura y el turismo sostenible.
Para el presidente de la DO, Joan Arrufí, el problema de base es que las propuestas no se consensúan con el territorio. «Es muy grave por la falta de información que tenemos. Las propuestas no se consensúan», valora. Arrufí tiene esperanza en que el nuevo Govern ponga freno a la «carta blanca» que actualmente tienen los promotores para instalar nuevos parques. «A peor no podemos ir, así que entendemos que habrá un cambio. Se tienen que replantear lo que está pasando».
Desde el Consell Comarcal de la Terra Alta recuerdan que el 25% de energía eólica implantada en Catalunya se halla en esta comarca. «Creemos que ya hemos hecho nuestra aportación. Pedimos un reequilibrio territorial y que podamos tirar adelante la comarca, con un producto agroalimentario de calidad, el turismo y el paisaje», expresa la presidenta, Neus Sanromà. El Consell ha pedido en varias ocasiones modificar el actual decreto.
Bodegas y Batalla del Ebre
También la Plataforma Terra Alta Viva y el Ateneu la Pastora en los últimos meses han llevado a cabo numerosas protestas para pedir la derogación del decreto ley y que los proyectos que ya han pasado por la Ponencia Ambiental sean paralizados. Las entidades explican que los proyectos dificultan la supervivencia del modelo agrario y paisajístico de las comarcas. Ponen como ejemplo un parque eólico que se está construyendo en Vilalba dels Arcs, a tan solo 300 metros de una bodega y una explotación vitivinícola, «y con aerogeneradores de 200 metros de altura». La bodega no existía todavía cuando se tramitó esta central y no aparece en la valoración del impacto ambiental. Otros proyectos en la comarca corren el riesgo de destrozar trincheras y espacios de la Batalla del Ebre.
Desde la Associació de Municipis Eòlics de Catalunya, su presidente y alcalde de la Torre de l’Espanyol, Joan Juncà, expresa al Diari que el nuevo decreto lo que ha hecho es «abrir las puertas a que las empresas hagan lo que quieran». Juncà apunta que muchos municipios «se enteran de que tienen en marcha un proyecto cuando ya está en la Ponencia Ambiental, y sólo tienen 30 días para presentar alegaciones, con la complicación que eso conlleva para un ayuntamiento pequeño».
También en el Baix Ebre se han organizado, con iniciativas como la plataforma vecinal Trenquem l’Ametlló, que se opone a la acumulación de parques eólicos en el norte de la comarca.
Los promotores
Por su parte, des de EolicCAT, la patronal PIMEC i UNEFCAT (la principal asociación de empresas fotovoltaicas de Catalunya) se oponen de forma categórica a cualquier moratoria. «Cualquier propuesta de cambio en la normativa vigente se puede llevar a cabo sin la necesidad de una parada», remarcan en un comunicado conjunto.
«Después de más de una década de moratoria de facto que ha llevado a Catalunya de ser pionera en generación de energías renovables a situarse a la cola del Estado, una nueva moratoria supondría una irresponsabilidad política por la imposibilidad para el país de lograr los objetivos marcados de implantación de renovables como estrategia prioritaria de lucha contra la emergencia climática», recalcan los promotores. También consideran que una moratoria «hipotecaría la soberanía energética del país».
Según detallan en el comunicado conjunto, la generación y el acceso garantizado a la energía renovable «será un factor decisivo para determinar la competitividad de las empresas y sectores industriales estratégicos como el químico, la automoción o la siderurgia, y las decisiones de localización y deslocalización». «Disponer de recurso renovable suficiente generado en Catalunya será un condicionante clave para favorecer la descarbonización industrial», añaden.