La Guardia Civil ha desarticulado esta primera quincena de mayo una organización criminal dedicada al cultivo de marihuana bajo techo en Castellón y Tarragona (entre otras provincias) y ha detenido a 31 personas como presuntas autoras de los delitos de organización criminal, contra la salud pública y defraudación de suministro eléctrico. La noticia la adelantaba el Diari el pasado 10 de mayo.
La organización desarrollaba su actividad en la Comunidad Valenciana, y las detenciones han sido realizadas en Castellón (17), Tarragona (9), València (2), Navarra (2) y Barcelona (1), según ha informado la Guardia Civil. Los arrestos en la demarcación se han realizado en Ulldecona y Mont-roig del Camp (en la zona de Miami Platja).
La Operación Masías (coordinada desde la comandancia de Castellón y en coordinación con las otras guardia civiles de las provincias implicadas) ha realizado 21 registros domiciliarios, 15 en Castellón, cinco en Tarragona y uno en Valencia, donde se hallaron 10.676 plantas y 69 kilogramos de cogollos marihuana.
Asimismo, se han intervenido más de 5.000 euros, una pistola, documentación de interés, vehículos de alta gama y dispositivos electrónicos y de almacenamiento masivo.
Los investigadores estiman que, solo en el período investigado, la marihuana que habría sido traficada por esta organización criminal podría ascender a un valor de mercado de un millón de euros, y el valor defraudado de suministro eléctrico ascendería a 750.000 euros.
La investigación comenzó en 2022 cuando se detectó el asentamiento de un grupo de albaneses sospechoso de estar conformando una red criminal en la población Oropesa del Mar (Castellón).
Los agentes comprobaron que ninguno de los albaneses desempeñaba actividad laboral alguna y que la organización contaba con la ayuda de un agente inmobiliario, de origen español, cuya actividad laboral estaba prácticamente dedicada a la organización.
Esta persona auxiliaba en la logística inmobiliaria, que posteriormente comenzó a ser adaptada a las necesidades criminales manipulando contadores de luz para defraudar suministro eléctrico y así convertirlos en instalaciones idóneas para el cultivo ilícito de marihuana.
Los investigadores identificaron a más de 31 personas integrantes de la organización criminal que, bajo la dirección de una pareja albanesa, desarrollaban funciones de manera organizada y jerarquizada en diferentes tareas como conseguidores, intermediarios, instaladores, gestores y cuidadores de las plantaciones, informan las mismas fuentes.
Cuando los miembros estaban asentados realizaban la instalación e iniciaban el cultivo de marihuana e involucraban a nuevos integrantes con la finalidad de vigilar y custodiar las plantaciones, en posibles condiciones abusivas y de explotación, manteniendo las puertas y ventanas cerradas, en muchas ocasiones sin poder salir al exterior, dependiendo además de terceras personas para su alimentación, en un espacio interior sumamente reducido y rodeado de plantas de marihuana.
La investigación policial ha permitido, hasta la fecha, aportar a las autoridades judiciales numerosos indicios y evidencias sobre la posible comisión de los delitos de organización criminal, contra la salud pública (tráfico de drogas) y defraudación de suministro eléctrico, siempre según las mismas fuentes.
La obtención de esta información ha sido «altamente compleja» dado el carácter endogámico de la organización criminal, del dinamismo en el cambio de residencia de sus integrantes y de la ocultación de los lugares destinados a la plantación, además de las medidas de contravigilancia adoptadas para evitar que sus actividades fueran detectadas, señala la Guardia Civil.
La investigación, que ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
