Acuamed hinchó un 27% la limpieza del Ebre en Flix

La Audiencia Nacional apunta a «hechos que han podido ocasionar un grave perjuicio económico para las arcas públicas y los intereses generales» en la descontaminación del río Ebre en Flix. El juez Manuel García Castellón es muy contundente en su reciente auto de procesamiento del caso Acuamed, al que ha podido acceder el Diari. La limpieza química del embalse de la Ribera d’Ebre es una de las obras en el foco por supuestos delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho. El juez relata que en Flix se implantó una forma de certificar abonos al contratista cada mes que generó «un abono indebido de fondos públicos, vía certificación de obra».

La cantidad sube a 37 millones, un sobrecoste del 27% respecto a los 133 en los que se presupuestó de inicio una intervención compleja y de gran envergadura. Los responsables diseñaron una estrategia a través de reclamaciones, «actuando mucho más allá de lo que sería una defensa legítima de los intereses económicos de una contratista frente a la sociedad estatal, pues con ello se pretendía el cobro de cantidades basado en mediciones ficticias y otros sobrecostes para obtener, de este modo, un enriquecimiento injusto».

Se trata de un sistema implantado en base a certificaciones: «Para ocultar la actividad ilícita y evitar el control financiero, se habría sumado a los abonos que correspondían por obra realmente ejecutada ese mes otros importes aumentando las mediciones de unidades previstas en el proyecto».

El auto incluso apunta a prácticas dudosas que fueron más allá, como cuando «se hizo efectiva la decisión de dar por terminado el proceso de descontaminación, dando orden verbal de cese del dragado el 19 de octubre de 2015, pese a que no se habría extraído la totalidad del material estimado en el proyecto, sin importarles cual fuera el estado del embalse y si cumplía o no los criterios medioambientales».

Indica el juez que «aún quedaba contaminación en los sedimentos que permanecían en el fondo» cuando «los investigados dieron por concluidos los trabajos». La limpieza tóxica en Flix, obra vital para el municipio y toda la comarca, fue un proyecto más de todo el entramado. Las comunicaciones intervenidas muestran que desde Acuamed se actuaba al margen de los criterios técnicos que debían guiar a esa corporación pública.

Aún quedaba contaminación

Se facilitaba el trabajo al contratista permitiéndole intervenir en la redacción de los informes que Acuamed debía emitir, variando para ello los conceptos y los importes a incluir en la liquidación de las obras y en la reclamación.

Todo ello hasta alcanzar los mínimos pactados, con independencia de la realidad de la obra. Los investigados dieron por concluidos los trabajos de descontaminación, finalizando la extracción de los lodos y gravas, cuando aún quedaba contaminación en los sedimentos que permanecían en el fondo del recinto perimetrado.

Acuamed tenía contratado al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, para asesoría ambiental. Pues bien, desgrana el juez que los investigados «se apoyaron exclusivamente en informes emitidos por externos contratados por la UTE», «comprometiendo con ello seriamente los intereses públicos de la sociedad estatal, al tener el contratista interés directo en justificar una reducción del volumen de extracción». «Así –prosigue el juez–, en lugar de acudir a los recursos de Acuamed contratados para tener información objetiva del embalse, actuando con absoluto desprecio a las consecuencias medioambientales que ello podía acarrear, se valieron de una información aportada por la UTE sobre el estado del embalse que, además, fue corregida, a través de observaciones, por la contratista a su conveniencia, indicando a sus asesores externos» cómo proceder.

De esa forma, a través de la documentación intervenida, el juez establece que se eliminaron las referencias al cloruro de vinilo, al cloroformo, se suprimió la palabra ‘contaminados’ para referirse a los sedimentos o el adjetivo ‘preocupante’ para referirse a las concentraciones de contaminantes.

Las irregularidades detectadas son muy numerosas. Desde reclamaciones presentadas antes de que se produjera el hecho que daba lugar a esa solicitud, a cobro de cantidades que incluían sobrecostes que no obedecían a trabajo ejecutado o al contrato vigente.

Una de las tónicas del caso Acuamed era ignorar e incluso apartar a aquellos responsables del proyecto que iban denunciando irregularidades. Por eso el juez establece que «tal y como ocurriría en otras obras de Acuamed, alcanzado el acuerdo de abonar un mínimo de 36/37 millones de euros al contratista vía reclamación, y otras cantidades vía certificación de obra, a fin de remover los obstáculos en el seno de la sociedad estatal, como primera medida se cambió a todo el equipo responsable de la obra».

Vía libre para reclamar

Quedaba así vía libre para que otro responsable de la actuación reconociera las reclamaciones económicas del contratista y elaborara el informe para reclamar la cantidad de 36,8 millones. Se habla de que debía salir en las certificaciones una cantidad a abonar por Acuamed de unos 4,5 millones de euros cada mes para que la obra acabara conforme lo recogido en la llamada ‘tabla mágica’, un documentación extraoficial con el que se trabajaba con la UTE.

Los pactos se cerraban a nivel de altas esferas para que luego los subordinados trataran de materializarlos. Las pesquisas también explican las dificultades de salvar algunos obstáculos en la parte final del engranaje, como la dirección de asesoría jurídica de Acuamed o el informe del Abogado del Estado. La UTE trabajaba sobre el informe que Acuamed debía elevar a su propio Consejo de Administración con la propuesta aceptando el porcentaje pactado.

En un momento dado de las conversaciones, se ve que Acuamed, en lugar de salvaguardar el interés general como empresa pública, obraba para ponerse de acuerdo con el contratista: «Es muy importante la coherencia del documento para que no nos denieguen ningún concepto ya que podría hacer bajar la cifra acordada dejándonos muy poco margen de maniobra. Estamos hablando de una convalidación de gasto de 35 millones, la reclamación inicial fue de 60». El juez es ilustrador: «La preocupación por los reparos que podía formular el Abogado del Estado iba creciendo».

Esos 36,8 millones a pagar fueron objeto de multitud de reparos de la Abogacía del Estado. El propio jurista, en su declaración, concluyó «que existían al menos unas 20 razones para oponerse e informarla desfavorablemente, y por ello solicitó que se hiciera una auditoría externa para revisar las facturas y los trabajos realizados». Añadió que «nunca en la historia había pasado» una situación así.

Solo por los hechos de Flix hay ocho procesados. El juez propone juzgar a 42 personas en total.

Hubo un momento en el que los pactos alcanzados empezaron a trascender a terceros. Eso disparó la inquietud y la preocupación. Lo demuestran varias llamadas telefónicas o los correos intervenidos. En una de ellas, el responsable de una empresa a la que correspondía supervisar y vigilar la construcción con el fin de que el contratista realizara los trabajos le dice a un alto cargo de Acuamed, según el auto: «Estamos jugando todos con fuego en toda esta historia de Flix, yo creo por dos razones básicas... una porque hay mucha gente que conoce muchas cosas, y dos porque... la justificación que se está manejando es tan exageradamente pobre... que es difícil de defender... entonces tengo miedo, tengo miedo por mí y por vosotros... vamos... por todo el rebaño, por decirlo de alguna manera».

Le responden: «Pero creo que tenemos tiempo para meditarlo y madurarlo, de todas formas, si quieres, lo hablamos». Y la respuesta de vuelta: «Yo simplemente creo que tengo la obligación de decírtelo y que luego lo que tú tengas que hacer o lo que puedas hacer... yo eso ya no lo sé, cada cual estamos donde estamos...».

También en relación a Flix, un director de obra, que había entrado precisamente para relegar a responsables que previamente no se habían plegado a las irregularidades, hablaba abiertamente de los «apaños» para alcanzar el porcentaje pactado en las actuaciones del pantano ebrense.

Quizás una de las conversaciones más reveladoras en la obra de Flix es la que mantiene Arcadio Mateo, director general de Acuamed, con un responsable del contratista, FCC. Este cargo le hace partícipe de, en palabras del juez, «la situación crítica de su empresa y la necesidad de que se aprobara la reclamación o iría en contra de la ampliación de capital».

Hablaban del gran escollo que suponía la Abogacía del Estado para impulsar sus planes. Dice Arcadio Mateo: «Nosotros como Acuamed estamos de acuerdo, pero ahora lo coge nuestra asesoría jurídica y hace un esfuerzo de ponerse en la mentalidad de la Abogacía del Estado, que están peleando con ellos todos los meses, y qué va a decir Abogacía del Estado... entonces... si tú me dices ‘oye tú, que me juego la vida’, lo mandamos. Probabilidad de que lo apruebe Abogacía del Estado, mínima».

«Hace el informe que yo le diga»

El directivo de Acuamed procura tranquilizar a su homólogo contratista, en ese intento de perfilar un informe que pueda pasar esos filtros para acabar cobrando el sobrecoste reclamado. «Oye, Javier hace el informe que yo le diga. Lo que Javier intenta es que sea un informe en la línea de la Abogacía del Estado para que cuele (...) pero si quieres, sale ahora mismo el informe y con los 37 millones, que es lo que hemos hablado, lo que pasa es que hay una probabilidad alta de que lo tire Abogacía del Estado».

Más tarde, en otra comunicación, Arcadio le dice: «Yo haría una cosa, mañana o pasado, una vez que lo hayamos enviado, no ahora mismo, yo forzaría una reunión con Secretario de Estado. Para transmitirle ahí, bueno, todo esto, sin que se note mucho, si la fuerzo yo queda raro, como habéis hecho otras veces».

En otro punto de la extensa documentación en el auto de la Audiencia Nacional, el gerente de la UTE que trabajaba le dice al director de obra: «A mí lo que me decían los nuestros es ‘oye, tal como lo habéis puesto sale una burrada de personal’ y evidentemente no es verdad...».