El Consell Comarcal del Baix Penedès recibió para su gestión un piso por parte de la Generalitat para destinarlo a casos de emergencia social.
La vivienda, en El Vendrell, no es tanto para casos de necesidad habitacional ya que para esas situaciones hay otros recursos y lista de espera, sino para momentos de emergencia como que una mujer que ha tenido que salir de su casa por maltrato pueda disponer de un lugar donde poder acogerse.
Sin embargo esa vivienda no puede usarse ahora porque está okupada de manera ilegal. Los okupas se niegan a salir pese a los requerimientos de las autoridades.
Ante la dificultad de un desalojo todos los partidos con representación en el Consell Comarcal del Baix Penedès han votado a favor de cortar el agua y la electricidad para presionar a los okupas a dejar la vivienda.
El inmueble es de titularidad pública y la okupación impide desde hace meses el uso por parte de dos familias declaradas en riesgo de vulnerabilidad.
Según se explica desde el Consell Comarcal «se está trabajando en todos los frentes para echar a los okupas y poder restablecer el uso de este recurso público para las personas y familias que lo necesiten».
