El intento del Ayuntamiento de Calafell para la continuidad de los multicines puede llevar a una demanda por responsabilidad patrimonial de 6,7 millones contra el gobierno, los concejales que han votado a favor de una modificación urbanística y los funcionarios que la han autorizado.
El consistorio suspendió licencias de obras hace un año que ya motivó la denuncia de la propiedad de los cines. Ahora el consistorio da un paso más y ha aprobado un cambio de calificación urbanística pasando la parcela de comercial a equipamiento privado.
El propietario de las multisalas ha advertido en diferentes ocasiones las dificultades del sector, las intenciones de cerrar y destinar la nave a otros usos. Denuncia la afectación del cambio urbanístico como ya le dañó la suspensión de licencias de obras.
Defiende que la calificación de comercial le permitía reconducir el uso de la nave para acoger una superficie comercial. De hecho la firma Aldi solicitó al Ayuntamiento licencias para instalarse en ese edificio, pero fue desestimada ya que no es de su propiedad y ésta no había solicitado ese cambio. Ahora con la calificación como equipamiento privado queda bloqueda una superficie comercial.
Cualquier licencia
La propiedad defiende que es una parcela a la que no le es exigible deber urbanístico pendiente y que debe concederse de manera inmediata cualquier licencia de obras que se solicite de conformidad con el Plan General «incluyendo aquellas que permiten la implantación de una actividad comercial».
![Los multicines de Calafell. $!Los multicines de Calafell.](http://www.diaridetarragona.com/binrepository/768x576/0c19/768d432/none/15017645/CGWG/0709cines2_241-2023952_20240907130133.jpg)
Explica que el operador comercial ya perdió el interés cuando se decretó la suspensión de licencias por lo que supuso «un daño reclamable contra el Ayuntamiento». Por ello planteó la reclamación patrimonial que considera «no ha prescrito» y que reactiva con el cambio de calificación urbanística.
Incrementar efectos lesivos
La valoración que realiza es de 6,7 millones de euros contra concejales y personal del consistorio que votaron a favor y autorizaron la suspensión de licencias. Y destaca que «la adopción de otro acuerdo de suspensión o de modificación de la ordenación del solar comportará en todo caso incrementar los efectos lesivos».
El Ayuntamiento dice que intenta mantener la actividad de los cines pero ninguna negociación ha cristalizado. El alcalde Ramon Ferré señala no tener miedo y que «se debe gobernar en beneficio de los ciudadanos y los cines son de interés para el municipio».
Durante la pandemia se les declaró de interés general para poder aplicar una importante rebaja en el impuesto de bienes inmuebles.
Un seguro
Sobre la reclamación Ferré señala las modificaciones tuvieron informes favorables y que el consistorio tiene un seguro para cubrir esa exigencia en el caso de que el juez la considere. También de que la aseguradora lo considere incluido en la póliza.
El secretario municipal explicó que esa reclamación patrimonial no debería tener recorrido ya que las modificaciones urbanísticas no dan lugar a unas indemnizaciones y puede alegarse que no es sostenible pero deberá demostrarse.
![La zona con naves comerciales y los cines junto a la C-31. $!La zona con naves comerciales y los cines junto a la C-31.](http://www.diaridetarragona.com/binrepository/768x576/0c145/768d432/none/15017645/WPND/0709cinescarretera_241-2023987_20240907130840.jpg)
La posibilidad de un nuevo espacio comercial en el área «perturba el espíritu del Plan Parcial», señala el alcalde. Recuerda que cuando se instaló el Caprabo fue con la condición de que hubiese en la zona unos cines. Añade el objetivo de que todo esa área urbana sea una conexión entre Calafell y Segur y no una sucesión de superficies comerciales.
Reconoce que en su momento el consistorio de la época cometió el «error» de dar la calificación de comercial, pero que ya se subsanó y que incluso en el terreno de aparcamiento anexo a la nave el documento urbanístico sólo autoriza ampliar los cines.
Ahora al cine se le quita clave de equipamiento comercial para pasar a ser de equipamiento privado. Ello implica que se mantenga como cine o que haya otro equipamiento no comercial. Ese cambio de calificación estaría consensuado con Urbanisme de la Generalitat.
No es la primera
«Deben preservarse los cines», defiende Ferré. Hace meses se llegó a vislumbrar la posibilidad de mantener los cines y que la nueva superficie comercial se instalase en el aparcamiento anexo pero no ha prosperado la propuesta.
Sobre la reclamación , el alcalde dice que «no nos intimida el chantaje. No es la primera vez que tenemos situaciones similares cuando velamos por los intereses del municipio».