Juan Ramón Ortega lucha desde hace más de un año y medio para poder pasear libremente con su perro por los campos sin que se le aplique la Ley de Caza de 1970. En agosto de 2016, este cambrilense fue denunciado por el guarda privado de un coto social por dejar que Smarty, un braco alemán de pura raza, corriera por un campo colindante al Parc Samà, una práctica habitual en su rutina diaria.
«Me pidió la documentación, estuvimos hablando y me denunció. El hecho que el perro estuviera corriendo le hizo pensar que estaba cazando, pero no era así. Yo iba mucho y voy por esa zona porque es un animal que necesita correr y allí estamos mucho más tranquilos. En este campo me encuentro con la patrulla rural de la Policía Local y con los Mossos d’Esquadra, se cercioran de que no estoy robando en las masías o las cosechas, me saludan y siguen su camino. Ya me conocen. Lo mismo con los forestales. Smarty se ha hecho amigo de los payeses, se escapa para jugar con ellos. Nunca he tenido problemas», explica Ortega al Diari.
En ese momento fue acusado de falta grave y se le interpuso una multa de entre 12 a 20 euros, pero el cambrilense la recurrió y pasó a ser una falta leve, con una sanción de 2,50 euros. «En realidad es de 1,50 porque el euro restante es por decomiso del perro, que se aplica a perros de caza. Se trata de una raza que utilizan los policías por su buen olfato», apunta.
Ley desactualizada
Como señala, la cantidad es «irrisoria», de hecho, todo el proceso judicial le está costando mucho más dinero pero quiere demostrar que no estaba cazando y de paso pedir que se actualice una ley que tiene más de 48 años de vigencia.
«Los cazadores tienen derecho a ejercer su afición en fincas ajenas, esta es la regulación que tiene el coto social donde me multaron. Por norma, tenemos la obligación de que nuestros animales de compañía disfruten conforme a sus capacidades y necesidades y Smarty necesita correr», dice Ortega refiriéndose a la Ley de protección de animales de 2008. «Por constitución, tenemos derecho a pasear siempre y cuando no se dañe la propiedad, si el perro rompe alguna cosa, tiene que pagarlo», añade.
Patricia Márquez, su abogada, presentó un recurso contencioso administrativo y ahora esperan el juicio, que se celebrará en abril de 2019. «Entendemos que es una cuestión de dignidad porque la denuncia no se corresponde a la acción que estaba haciendo, el perro no estaba cazando, solo estaba corriendo», apunta.
La letrada experta en derechos de animales también asegura que la raza «condicionó» a la hora de poner la multa. «Tenemos una regulación de 1970 y la sociedad ha avanzado. Nuestra perspectiva es que se considere al perro como un animal doméstico y no de caza», asegura.
Incumplir la normativa
El cambrilense explica que su historia ha llamado la atención de mucha gente, se queda «extrañada» porque se dan cuenta de lo fácil que es incumplir esta normativa vigente que obliga a llevar el perro atado. «Mi abogada tiene un pastor alemán y vio que ella la estaba infringiendo. También involucré a mi hermana, magistrada de Trabajo, y también se dio cuenta de lo mismo, que conforme a la ley no podemos dejar libres a nuestros perros en ningún lugar, sea urbano o rústico. Y, claramente, esto es un abuso», denuncia.
Siguiendo esta legislación, Ortega ni siquiera puede dejar que Smarty pasee sin la correa por Vilafortuny, donde viven. «Creo que se debe poner en valor el derecho del animal de poder correr libremente. Todos tenemos derecho a disfrutar de la naturaleza. Un derecho básico, constitucional, como el de libre circulación. Esta ley favorece a una minoría, a los cazadores, y se tiene que cambiar, no puede ser que los perros no puedan correr», concluye.