Miguel Bejarano, vecino de Calafell, no tenía ninguna esperanza después de más de 14 años. Más de una década de espera para una sentencia por el accidente que en 2006 le dejó en una silla de ruedas.
Temía que la dilación del caso llevase a un archivo. Pese a que él sigue en una silla de ruedas y es totalmente dependiente. El accidente al caer de una altura de 9 metros en una obra en Móra d’Ebre le dejó una tetraplejia que provocó discapacidad del 96%.
Este mes se ha confirmado su presagio. El juzgado penal de Tortosa ha dictado. «Se acuerda la prescripción del presente delito, acordando que las actuaciones sean remitidas al archivo».
Resignación
Ahora a Bejarano no le queda más que la resignación «y una pérdida de confianza en la justicia». Porque denunció el caso hace más de una década. El colapso del sistema y los recursos presentados han llevado a la prescripción.
Ya supo que el caso había prescrito en 2012 por vía penal, pero debía esperar a la notificación para llegado el caso recurrir a la vía civil. «Me han tenido 9 años de calvario que ya podía estar todo resuelto».
Medidas de seguridad
La inspección en el lugar del accidente concluyó que la red de protección que debía haber retenido a Miguel Bejarano no cumplía con las exigencias necesarias.
El juzgado de Gandesa concluyó que la obra no cumplía las medidas de seguridad. Por ello envió al juzgado a la promotora de la obra, a la constructora, a dos coordinadores y al director de seguridad por un presunto delito contra la seguridad de trabajadores.
Prescripción
Las dilaciones por recursos, movilidad de jueces en el juzgado y enfermedad de encausados han retrasado el proceso. Los encausados ya reclamaban la prescripción. En el acto del juicio ya se expuso la prescripción del delito, que estimó el órgano judicial, dictando la absolución de los acusados.
Bejarano cobró dos indemnizaciones tras llegar a un acuerdo con las empresas promotora y constructora, que ya cesaron la actividad hace años. La primera indemnización fue seis años después del accidente y la segunda hace pocos años. En total 300.000 euros, pero renunciando a los intereses y a ir judicialmente contra a algunos de los denunciados.
Mantenía la acusación por un delito contra los derechos de los trabajadores contra los responsables del dispositivo de seguridad de la obra y pedía una indemnización de un millón de euros y tres años de prisión para cada acusado.