La portavoz de la CUP, Eulàlia Reguant, y la diputada del partido por Tarragona, Laia Estrada, presentaron una moción de interpelación hace una semana para debatir en el pleno de hoy en el Parlament de Catalunya la idoniedad del proyecto urbanístico de Hard Rock en el Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca y Salou.
El texto de las cupaires ataca al consumo de agua del macrocomplejo (un millón de metros cúbicos al año) que va en contra con la nueva cultura del agua que se pretende en Catalunya y más en estos meses de sequía y restricciones. También critica los intereses urbanísticos e inmobiliarios, aseguran que atenta la salud pública porque «promueve la ludopatía» o argumenta que los puestos de trabajo contemplados serán la mayoría precarios....
Ante estos argumentos la formación anticapitalista insta al Govern de Pere Aragonès a que «revoque la licencia de casino otorgado a a Hard Rock en 2018», retirar el Plan Director Urbanístico del CRT antes del día 21 (se reúne la Comisión de Urbanismo para debatir sobre ell) e iniciar los trámites antes de finalizar el año que modifiquen parte de la ley del CRT y de las normas de tributación comercio y juego.
No solo eso, Laia Estrada a asegurado que llevarán el caso a la Oficina Antifraude y obligarán al Govern a que revise bien la documentación para evitar que no haya irregularidades, algunas (según la directa.cat) serían graves como una supuesta manipulación de un contrato para allanar el camino a la licencia de casino que contempla Hard Rock.
Por otro lado, la plataforma Aturem Hard Rock (que el domingo ha convocado en Tarragona una manifestación de rechazo al proyecto) ha exigido también la revocación de la licencia de casino al proyecto y no descarta emprender acciones legales si no se hace «ante un caso flagrante de manipulación de un concurso público», según aseguran.
La entidad basa sus críticas en la información del artículo de la directa.cat en que se afirma que hay diferencias entre el «contrato de opción de compra condicionada» y el «contrato de otorgamiento del reconocimiento del derecho de acceso a la propiedad del suelo», ambos ratificados por el exconseller Damià Calvet en 2014 y en 2016 respectivamente, cuando era director del Institut Català del Sòl (Incasòl). Estas diferencias darían pie a una supuesta irregularidad en la concesión de la licencia del casino.