El nuevo Plan Director Urbanístico (PDU)del Consorci Recreatiu i Turístic (CRT) que el Govern de la Generalitat ha tenido que retocar para poder dar forma a la inversión de Hard Rock, después de que una sentencia judicial lo anulase parcialmente, ha reavivado las viejas rencillas entre Salou y Vila-seca.
El origen de la polémica ha surgido a raiz de un informe jurídico que sugiere una modificación estatutaria del CRT para formalizar el acuerdo al que se llegó el pasado viernes, 11 de febrero, por el que «los tributos locales delegados del sector 1-Complejos Turísticos Integrado (CTI) se distribuirán según el porcentaje de superficie que esté en cada término municipal tal y como figure en el texto de la modificación puntual del PDU que se está tramitando actualmente».
Participaron de ese acuerdo la delegada del Govern, Maria Teresa Pallarés; el director general de Urbanisme, Agustí Serra; el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, y el arquitecto del Consorci, Lluís Serra (y del Ayuntamiento de Salou). Pere Granados niega que estuviera conectado vía telefónica, aunque alguno de los presentes así lo asegura.
El informe fue solicitado por el presidente por delegación del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou, Jordi Cabrafiga, y elaborado por el interventor del propio CRT Juan Manuel Hernández (es el interventor del Ayuntamiento de Salou) y por el secretario del CRT, Ignacio Río (es el secretario del Ayuntamiento de Vila-seca). Ambos concluyen, con fecha de ayer, 14 de febrero, que «la propuesta de acuerdo reúne la suficiente relevancia y efectos jurídicos y económicos como para tramitarla como una modificación estatutaria» en base al artículo 49.
Y ahí surgen las diferencias entre ambos municipios. El alcalde, Pere Granados, no se muerde la lengua al interpretar que Vila-seca «pretende un cambio en el reparto de los ingresos fiscales» de ambos municipios sobre los terrenos del CRT (actualmente son de un 57% para Salou y de un 43% para Vila-seca). Una petición que «Salou no aceptará» en ningún caso, añade Granados. «Aquí estamos hablando de aprobar el Plan
Director, no de ningún reparto fiscal, que ya se aprobó en su día y es vigente hasta el año 2032 (según el artículo 6). Hay que respetarlo y los estatutos obligan a ello».
El alcalde de Salou incluso va más allá al asegurar que «la Generalitat y el Ayuntamiento de Vila-seca quieren dilatar y bloquear la inversión, cuando Hard Rock lo que espera es que resolvamos el Plan Director para iniciar su proyecto».
Por eso Granados ha pedido a la Generalitat que presente rápidamente el Plan Director Urbanístico para que se someta a votación: «Nosotros la aprobaremos; si Vila-seca no lo quiere, es cosa suya. La Generalitat tiene la capacidad de desempatar con su voto de calidad».
El alcalde de Vila-seca, Pere Segura, asegura, por contra, que esta situación «es una cuestión básicamente técnica. El acuerdo político está ahí y ahora sólo hay que trasladar esta cuestión al área administrativa para plasmar el acuerdo y darle fortaleza jurídica, para la tranquilidad de los inversores y para tener un marco legal que nos ampare a las diversas administraciones (Generalitat, Salou y VIla-seca).
Según Segura, «Vila-seca está de acuerdo en las correcciones y modificaciones propuestas por la Generalitat que además, refuerzan el proyecto y que debe servir para no poner obstáculos a su desarrollo».
Previamente a las declaraciones de ambos alcaldes la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Salou había acordado que se sometiera a votación inmediata el Plan Director Urbanístico (PDU) del ámbito del CRT, para que la presidencia del Consorcio y los representantes del municipio de Salou lo puedan votar a favor.
Remarcaban que los reajustes realizados en el PDU no afectan ni condicionan el sistema de redistribución fiscal vigente recogido en los Estatutos del Consorcio y que fueron acordados y aprobados por los plenarios de los ayuntamientos de Salou y de Vila-seca en noviembre de 2013, y ratificados por los miembros del Consorcio (Salou, Vila-seca y Generalitat) en febrero de 2014.
