La creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre abusos sexuales a menores en la Iglesia católica está más cerca después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya mostrado abierto a esta petición de Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu, que apoya también Cs.
El asunto ha adquirido mayor repercusión tras última denuncia de abusos, la del escritor Alejandro Palomas, que ha desvelado que un hermano del colegio de La Salle de Premià de Mar (Barcelona), que denomina L y que fue su profesor y tutor, lo violó, lo masturbó y le hizo tocamientos en múltiples ocasiones cuando él tenía entre 8 y 9 años.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido el "coraje" y "valentía" de Palomas (Barcelona, 1967), que fue Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2016 y Premio Nadal de novela en 2018.
Además, se ha mostrado abierto a la petición formulada el miércoles por Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu para crear en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre las agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia católica, si bien ha asegurado que lo primero es hablar con las víctimas y escuchar sus testimonios. "Vamos a hablar y a construir", ha insistido Sánchez.
Ciudadanos ha avanzado que apoyará la creación de esta comisión de investigación, que si finalmente cuenta también con el respaldo del grupo parlamentario socialista saldría adelante, mientras que el PP está en contra ya que opina que el ámbito de actuación debe ser el judicial.
Los grupos que han planteado esta comisión creen que la investigación de estos abusos en sede parlamentaria puede facilitar una reparación a las víctimas de los casos prescritos, a través de procedimientos de justicia restaurativa, dándoles un espacio donde narrar su experiencia con libertad y con la asunción de una responsabilidad institucional.
La posibilidad de que el Congreso investigue este tipo de abusos abre una opción más a las víctimas, después de que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, rechazara "de momento" crear una comisión independiente para tratar de esclarecer estos casos, una decisión que sí han adoptado otros países como Portugal.
"Portugal hace lo que cree conveniente, como Francia, Alemania o Italia... nosotros estamos en contacto con la Santa Sede con sus protocolos y les ha parecido bien. Si hay alguna dificultad pues ya lo iremos viendo sobre la marcha", dijo el pasado 14 de enero tras una reunión con el papa Francisco en Roma.
Por su parte, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) ha abierto una investigación sobre el profesor denunciado por Palomas, que ahora tiene 91 años y vive en una residencia de la congregación en Cambrils (Tarragona).
"No podemos sino condenar de manera pública cualquier abuso a menores, trasladar la voluntad de apoyo a la persona afectada y asumir la responsabilidad que nos toque", ha explicado la responsable de Relaciones Institucionales de La Salle, Isabel Llauger.
Los padres del escritor denunciaron en su momento el caso a la dirección del colegio, que les aseguró que tomarían cartas en el asunto y que no volvería a suceder, pero Palomas recuerda que entonces dejó de ser el alumno preferido de este docente y pasó a ser el "apestado".
Al conocer la denuncia del escritor Alejandro Palomas, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha expresado su "solidaridad" con todas "las víctimas" y ha asegurado que el Gobierno les va a acompañar con el objetivo de "esclarecer todos los casos".
Precisamente, el Ministerio de Presidencia lleva las negociaciones con la Conferencia Episcopal que esta semana permitieron un acuerdo por el que la Iglesia admite que hay un millar de esos bienes cuya titularidad no le consta o corresponden a un tercero y, por tanto, se abre la vía para su regularización.
Bolaños ha entregado este jueves al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, el listado de este millar de bienes cuya titularidad debe ser restituida a sus legítimos propietarios, una labor que llevarán a cabo los ayuntamientos.
Sin embargo, tanto Unidas Podemos como socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez como EH Bildu o Compromís consideran que esta cifra es insuficiente.