El grupo empresarial Blasi ha adquirido a Solvia (inmobiliaria) la finca donde se levantaba la antigua residencia Montemar de Cambrils, situada enfrente del Centre Cívic de Vilafortuny, junto al vial del Cavet.
La compra, que se ha hecho efectiva en los últimos días, ha provocado el derribo del polémico edificio que tanto ha dado de que hablar en los últimos años desde que fuera clasurada su actividad geriátrica en 2012, desvalijada después a raíz de su abandono y ocupada más tarde.
Los trabajos de demolición se han iniciado este mismo miércoles por la mañana para garantizar la seguridad y la salubridad en la finca, según han explicado fuentes de la nueva propiedad que en la propia avenida Mas de Clariana cuenta con uno de sus negocios, el Resort Cambrils Park, y en las inmediaciones de esa misma zona el Camping&Resort Sangulí Salou y el Complexe Esportiu Futbol Salou.
El grupo Blasi no ha especificado sus proyectos de futuro para la finca. «No tenemos ninguno sobre la mesa aún», especifican acerca de la posibilidad de construir un hotel.
La residencia Montemar fue clausurada en agosto de 2012 por la Generalitat de Catalunya, que abrió un expediente a la empresa BBS por mala gestión. Más de 80 ancianos tuvieron que marcharse a otras tres residencias y se aplicó un ERE por extinción a los 45 trabajadores de la plantilla.
El último incidente ocurrió el pasado 7 de marzo, cuando Solvia ordenó iniciar el tapiado de las ventanas y empezó por la parte trasera para dar cumplimiento de la orden municipal de carácter urgente.
El objetivo, evitar la entrada de personas al edificio ante la situación de peligro existente y de insalubridad y garantizar también que el inmueble estuviera en todo momento vacío.
Las medidas de protección estuvieron motivadas por un incendio ocurrido el 28 de febrero.
Hasta ese día habitaban en la antigua residencia tres okupas que en verano de 2018 tuvieron sus más y sus menos con el vecindario de Vilafortuny. Existía una orden de deshaucio contra ellos, que estaban empadronados allí desde finales de año.
La decisión municipal (avalada por los servicios técnicos del consistorio) molestó a los okupas que querían convertir el edificio en una zona de talleres. Uno de ellos, el activista Jorge Fernández, intentó repetir la huelga de hambre que ya protagonizó meses atrás para poder entrar de nuevo.
