El Ayuntamiento de Cambrils apartó ayer a un conserje de sus funciones. Lo hizo presionado por las sospechas de acoso a una trabajadora en el mismo espacio laboral que ambos compartían. La medida se tomó de forma preventiva hasta que se incoe el expediente disciplinario correspondiente.
La suspensión temporal de sus funciones (falta por ver cómo se cierra el expediente abierto) pone fin a dos años de incertidumbre y de convivencia obligada entre víctima y presunto acosador. A pesar de tener conocimiento de los hechos, el Ayuntamiento nunca llegó a activar «el protocolo de prevención y abordaje de acoso sexual y acoso por razón de sexo», previsto para estos casos.
¿Por qué la situación estalla ahora? El consistorio asegura que el informe no se tramitó en su momento y no hubo denuncia formal de la trabajadora. Por ello, el caso quedó ‘en el olvido’ hasta ahora, cuando el documento ha entrado en Recursos Humanos de la mano de un sindicato y la víctima en su declaración sí denuncia los hechos de 2018.
Así, el Departament de Recursos Humans ha abierto una investigación por el presunto acoso de un conserje a una administrativa del consistorio. Las partes implicadas ya han declarado y la fase de información ha terminado. De ahí que ayer se activara la medida de protección para la víctima con la suspensión del conserje de sus funciones.
Ahora la resolución entra en una nueva fase y «si se deben tomar medidas, se hará sin concesiones», explica el actual concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cambrils, Alejandro Garcia.
La investigación del caso llega dos años después de los hechos, que se remontan a 2018. Desembocaron en un informe de «comportamiento» firmado por la entonces concejal Ana López y la técnica de Promoció Econòmica, el área que tenía bajo su responsabilidad.
La víctima, que ahora ha denunciado oficialmente los hechos y se ha ratificado en cada coma del escrito de abril de 2018, está sorprendida por el retraso en la resolución del caso. Ella informó a sus superiores de la conducta inapropiada del conserje dentro y fuera del horario laboral.
Ana López y la técnica del área hablaron con las dos partes y a instancias del secretario del Ayuntamiento y la jefa de Recursos Humanos se decidió escribir el informe de «comportamiento» del conserje, con fecha de verano de 2018.
La víctima admitía en el documento que, sabiendo que se había emitido un informe, estaba tranquila a la espera de la resolución y de que se tomaran medidas para evitar coincidir con el presunto acosador.
Textualmente se decía que «la trabajadora ha expuesto que si la situación se mantiene controlada, no tiene intención en esta fecha de presentar denuncia». Pero a pesar de los hechos relatados, el protocolo de prevención nunca se activó.
La desaparición misteriosa
El informe «desapareció». Nadie ha sido capaz de explicar al Diari donde estuvo durante dos años. La concejal Ana López, edil que firmó el escrito, admite que ella dio la orden de que se enviara pero nunca tuvo confirmación de que había llegado a Recursos Humans.
La víctima confiaba en que hubiera un cambio de destino de una de las dos partes, ya que tenía supuestamente el documento estaba en proceso de resolución. Y por ello, continuó en su lugar de trabajo y compartiendo espacio con el presunto acosador a la espera de acontecimientos.
Por su parte, Alejandro Garcia, asegura que el informe ha aparecido ahora y que no existe constancia de ninguna entrada en el registro desde 2018, por lo que no llegó oficialmente a Recursos Humanos cuando debía.
«El informe de 2018 no estaba en ningún registro y lo hemos conocido hace poco. Sí había un mail explicando los hechos», Alejandro Garcia. Edil de Recursos HumanosAna López asegura que del presunto acoso se habló en varias ocasiones con la alcaldesa Camí Mendoza, que sigue en el cargo en esta legislatura (López por su parte ahora está en la oposición). Y en estas conversaciones se admitió la necesidad de resolver la situación delicada y peligrosa, dado el historial del presunto acosador, que tiene una sentencia condenatoria por un caso de abusos sexuales en 2015 en un centro cívico de la ciudad. La condena de dos años de cárcel de 2019 está recurrida.
El concejal de Recursos Humanos admite que había un correo electrónico de 2018 a Recursos Humanos, enviado por la técnica de Promoció Econòmica, en el que se explicaba «el problema que tenían», «pero que no se actuó porque la presunta víctima no quiso denunciarlo. Ahora al existir formalmente y al no prescribir el caso (son tres años) se ha actuado de forma rápida», dice Garcia.
La versión de la víctima, que refleja el informe, es que no denunció al presunto acosador «con la condición de que la situación se mantuviera controlada», entendiéndose de que se aplicara un distanciamiento físico (entre otras medidas preventivas según establece el protocolo del consistorio) para que el problema se resolviera sin necesidad de llegar más lejos: expediente disciplinario o a los tribunales.
La interpretación del actual gobierno cambrilense es que sin denuncia de la víctima ante un presunto caso de acoso no se podía actuar en 2018. Ahora sí hay denuncia (la víctima se ratificó en lo explicado en el informe cuando fue citada por Recursos Humans) y por tanto, el Ayuntamiento actúa de inmediato.
Acompañamiento forzoso
Conserje y administrativa del Ayuntamiento han pasado diferentes etapas durante estos dos años distanciados por motivos de bajas laborales y por la aplicación del teletrabajo a raíz de la pandemia. Sin embargo, hubo varias semanas entre 2018 y 2020 donde volvieron a encontrarse y compartieron las mismas dependencias, creándose un clima de tensión insostenible.
Fuentes conocedoras del caso explican que la víctima está acompañada por otra administrativa en su despacho cuando entra el conserje, para así evitar situaciones embarazosas. Se evita que durante la jornada laboral ambos estén solos en el mismo habitáculo.
Los reproches y la sentencia
El pasado 12 de noviembre se celebró una junta de portavoces en el Ayuntamiento. En ella salió el tema del presunto acoso y terminó en una agria disputa entre la alcaldesa Camí Mendoza (ERC) y la concejal Ana López (PSC).
La primera le recordó a la edil (eran ‘socias’ en la legislatura anterior) que el documento jamás llegó a su poder y por tanto no se había podido actuar antes. López le replicó que tenía información del caso desde el mismo momento en que se redactó para que se tomaran medidas. López dice que quien no dice la verdad es la alcaldesa. Camí Mendoza ha declinado dar su versión sobre el caso.
«Yo di la orden de enviar el informe y la alcaldesa Camí Mendoza era conocedora del caso», Ana López. Concejal que firmó el informeAparte de la disputa política de qué paso con el informe y su «desaparición» durante dos años, el conserje acusado de este acoso tiene en su haber un historial de denuncias y una sentencia condenatoria publicada en 2019 y recurrida (todavía no ha salido la resolución). La sentencia le juzgó un caso ocurrido en noviembre de 2015, en el Centro Cívico de Vilafortuny. Allí, el conserje fue visto cuando toqueteaba a una menor en un baño.
A la víctima le costó tiempo admitirlo para poder denunciarlo y ello provocó por una parte una suspensión de seis meses de empleo y sueldo al acusado. La sentencia, publicada en 2019, le condenó a dos años de cárcel, entre otras medidas cautelares.
Este es el antecedente probado de la conducta inapropiada del conserje que lleva unos 15 años trabajando en el consistorio y que en varias ocasiones ha sido amonestado sin que ello terminara en expediente ni medidas disciplinarias.
