Tres de los cuatro partidos de la oposición en Altafulla (Alternativa Altafulla, Junts per Altafulla, ARA Altafulla y el concejal no adscrito Xavier Rofas) entraron ayer por la mañana en el registro del Ayuntamiento el escrito de la moción de censura contra el gobierno actual de EINA-ERC, que gobierna en minoría.
El PSC, también en la oposición, se desmarcó ayer de la moción y apuntó que se mantendrá en la oposición. Y el actual gobierno encabezado por los coalcaldes Jordi Molinera y Alba Muntadas dará su versión de los hechos más adelante, según confirmaron fuentes del gobierno local al Diari.
La moción de censura presentada ayer ha sido la estocada final de un gobierno local que perdía apoyos desde el pasado verano. Primero fue la concejala del PSC, Imma Morales,quien se marchó del gobierno dejándolo por primera vez en minoría en la presente legislatura. Poco después, en septiembre, también se iba la concejala de ARA Altafulla, Natalia Sanz argumentando su incomodidad en el gobierno local desde la marcha del PSC.
En ambos casos, y sabiendo de la vulnerabilidad del gobierno de Molinera y Muntadas, ninguna de las formaciones políticas en la oposición dio el paso para presentar una moción de censura, argumentando que no era el momento y reflejando que no había acuerdo entre las formaciones.
Sin embargo, los temporales que han azotado el litoral de Altafulla y la «falta de acción» del gobierno local han sido el motivo para que la oposición (sin el PSC) encontrara puntos en común y presentara una moción de censura, que se someterá a votación el día 10 de mayo.
La candidata del gobierno que pretende coger las riendas hasta las elecciones de 2023 estará encabezado por Montse Castellarnau de (AA), segunda de la lista de Alternativa Altafulla en la lista de los últimos comicios electorales, pero nueva líder del partido con la marcha de Félix Alonso (que al no repetir como alcalde abandonó la política municipal antes de formarse gobierno en 2019).
Si la moción de censura prospera (los siete votos sí suman para cambiar el gobierno local) el 10 de mayo habrá nuevo gobierno y se prevé que el día 30 del mismo mes se celebre otra sesión para oficializar los cargos y el nombramiento del cartapacio.
La posibilidad de una moción de censura era posible desde la marcha del PSC del gobierno, en agosto, pero nadie había dado el paso hasta ahora. ¿Po qué? La alcaldable Montse Castellarnau argumentó ayer las causas. Señaló que la decisión responde «a la responsabilidad política de garantizar la gobernabilidad en lo que queda de mandato y es por interés general que acordamos un compromiso de constituir un gobierno de gestión sin pretensiones políticas particulares y que se basa en el consenso para cubrir las funciones cotidianas. Trabajar hasta el final de mandato priorizando siete acuerdos pactados».
Estas prioridades se concretan en siete puntos, que ayer los firmantes de la moción de censura explicaron de forma breve.
En primer lugar, ejecutar el plan de choque para la recuperación de la playa de Altafulla, tan maltrecha por el efecto de los temporales con los destrozos acaecidos en el restuarante Voramar y los evidentes riegos estructurales que amenazan el paseo marítimo de Botigues de Mar, debilitado por el embate continuado de las olas.
Precisamente este ha sido el detonante –justificante– que ha desencadenado la presentación de la moción de censura «por la inacción del gobierno de EINA-ERC a la hora de adoptar soluciones de emergencia», indicó Castellarnau.
Los otros puntos a abordar en este poco más de un año que queda de legislatura son: la apertura, de una vez por todas, del Casal la Violeta; la regulación de usos del Esplai Altafulla para los mayores; optimizar el servicio de recogida de residuos; el plan de usos de la plaza Martí Royo; solución a los problemas de alumbrado de la urbanización Brises de Mar y avanzar en la proyección del futuro centro de día y residencia.
La concejala Montse Castellarnau insistió en sus primeras palabras como candidata a la Alcaldía en que «queríamos respetar al ejecutivo (EINA-ERC) hasta el final del mandato, pero lamentablemente no podemos consentir que Altafulla siga por estos malos derroteros en la gestión de la playa y en el contexto socioeconómico».
Castellarnau explicó que el nuevo pacto de gobierno local «es de generosidad, de buenas maneras, de mínimos y aparcando intereses partidistas, para centrarnos en lo que Altafulla demanda».
Natalia Sanz, que en caso de prosperar la moción volvería al gobierno, subayó que «pretendemos constituir un buen grupo gestor y un equipo de trabajo en un año complicado, para solucionar el problema de la playa como punto de partida».
El concejal de Junts, Hèctor López-Bofill se refirió a la actitud del actual alcalde Molinera «de eludir responsabilidades, pese a reprobaciones y no cumplir mociones aprobadas por la corporación; el equipo de gobierno votó en contra en el pleno del plan de choque para hacer frente al desatre de la playa. En definitiva nos hemos visto obligados a presentar la moción», añadía.
En última instancia, el concejal no adscrito, Xavier Rofas, escindido de Junts per Altafulla en su día, manifestó que no entraba en sus cálculos apoyar una moción de censura en esta legislatura «pero el modo como el gobierno municipal hacía caso omiso de las urgencias que plantea el frente marítimo hace indispensable que otros (concejales) asumamos el reto de centrar esfuerzos por lograr una playa en condiciones, aunque la empresa no sea fácil».
Uno de los primeros pasos, en el caso de prosperar la moción de censura, según Montse Castellarnau, será «reunirse con la Dirección General de Costas del Estado para encontrar soluciones de urgencia para la protección del frente marítimo y la regeneración de la playa».
Cinco concejales con cartera y otros dos sin ella
La moción de censura programada en un pleno para el día 10 de mayo en Altafulla tendrá cierta similitud a la moción que se presentó en el Ayuntamiento de Cambrils a finales de septiembre del pasado año.
En ambos casos, hay concejales no adscritos actualmente en la oposición que apoyan la moción. Y por tanto después del cambio de gobierno podrían tener responsabilidades y un cambio salarial.
Sin embargo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece en el artículo 73.3 que «Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación».
De esta forma, podrán votar a favor de las decisiones del nuevo gobierno entrante, pero no podrán recibir una remuneración superior a la actual ni tener una responsabilidad (estar al frente de una concejalía) superior a la que ahora ostentan.
En la rueda de prensa ofrecida ayer por los firmantes de la moción el concejal no adscrito Xavier Rofas ya avanzó que no asumirá cartera en el nuevo gobierno.
Tampoco lo hará la edil Natalia Sanz,–ésta por deseo propio–. Pero tanto el uno como el otro tendrán voz y voto para participar activamente en la toma de decisiones consensuadas del gobierno que se forme a partir del 10.