El protagonista y principal afectado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que llevó el jueves a ERC a dejar en suspenso la negociación de la investidura puede acabar convirtiéndose en el mejor aliado de Pedro Sánchez. Oriol Junqueras defendió, en una entrevista difundida ayer pero grabada el jueves, poco después de conocerse al resolución judicial sobre su inmunidad como europarlamentario, la necesidad de seguir adelante con las conversaciones entre su partido y los socialistas, al margen de que él continue o no en prisión.
Las palabras para Catalunya Ràdio del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC fueron recogidas y subrayadas ayer por la portavoz gubernamental, Isabel Celaá, como señal de que no hay que dar nada por perdido. La ministra aseguró así que el PSOE no ha renunciado «para nada» a conseguir la investidura antes de final de año, lo que implica cerrar un acuerdo con la formación republicana antes del día 24, fecha límite para que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pueda convocar el pleno para los días 27, 28 y 30.
La secretaría general adjunta de ERC, Marta Vilalta, anunció el jueves que su partido no volvería a sentarse con el PSOE hasta conocer la posición de la Abogacía del Estado, a la que, junto a la Fiscalía, a Vox y a la defensa de Junqueras, el Supremo dio cinco días para pronunciarse sobre los efectos que debería tener la decisión de la corte de Luxemburgo.
Límite, el lunes
Que ERC y el PSOE no se sienten no es en sí tan importante. Según el secretario de organización socialista, José Luis Ábalos, la negociación, centrada en la creación de una mesa de diálogo entre gobiernos sobre el futuro político de Catalunya, está en una fase muy avanzada, y de lo que se trata ahora es de plasmar en un documento lo acordado, algo para lo que no hace verse, pues basta con cruzarse emails. Lo más peliagudo es que Vilalta condicionara la luz verde a la investidura a que los servicios jurídicos del Estado se pronuncien (como tarde el lunes, si el PSOE quiere cumplir sus plazos) a favor de dejar en libertad a su líder.
Celaá no quiso adelantar cuál será la posición de la Abogacía, que en junio se pronunció a favor de que Junqueras pudiera abandonar la cárcel para formalizar los trámites como europarlamentario. Lo que sí advirtió es que aquella postura «no prejuzga» la que vaya a adoptar ahora, porque tampoco la situación es la misma. Entonces, el líder secesionista estaba en prisión preventiva a la espera de sentencia, y ahora en cambio, recordó, pesa sobre él una condena a trece años de prisión por sedición y malversación. Además, la ministra insistió en reclamar a los republicanos que no desaprovechen la «oportunidad» que tienen ante sí.
«Si durante mucho tiempo hemos estado afirmando que el tratamiento de la cuestión de Catalunya se estaba judicializando, cuando debiera seguir un camino político, ahora que podemos tener un camino político, ¿lo vamos a judicializar?», dijo tratando de remarcar las diferencias entre el PSOE y el PP. «Ya ha sido bastante la herencia que se nos ha dejado, que es la sentencia del 14 de octubre –llegó a decir– por haber tratado lo que era político por el ámbito judicial».
En el PSOE aseguran moverse en un «optimismo prudente». Dicen que ahora toca esperar a que pase el congreso que ERC celebra este fin de semana para ver cómo respiran las bases respecto a la apuesta posibilista de la dirección.
Pero confían en que todo pueda encauzarse, a pesar de que, según Celaá, la interpretación que se ha hecho de la decisión del tribunal de Luxemburgo por parte de algunos sectores independentistas, para los que la resolución supone una victoria, «pone algún pormenor en el camino» a sus planes. Sobre todo, apuntó, por su impacto sobre la «opinión pública».
