Nuevo embrollo judicial en torno a la figura de Carles Puigdemont y a sus procesos en España. El expresidente catalán ha pedido al Tribunal Supremo que aparte al juez Pablo Llarena de la instrucción de la causa del procés por falta de imparcialidad.
En un escrito, que también firman los exconsejeros huidos Toni Comín y Clara Ponsatí, los políticos independentistas piden la recusación del instructor porque éste, entre otras cuestiones, apuntó que existen «indicios de criminalidad» en la actuación del exjefe de Gobierno catalán durante una conferencia en la Facultad de Derecho de Burgos el pasado 12 de septiembre, en la que, además, se mostró abiertamente en contra de una hipotética amnistía.
En esa charla, alega el escrito presentado por el letrado Gonzalo Boye, Llarena teorizó sobre las eventuales consecuencias y actuaciones que tomaría en el supuesto de que se llegara a aprobar una ley de amnistía. O sea, que se «posicionó sobre una medida exclusivamente de carácter legislativo que todavía no se ha tramitado» y sobre «su aplicación práctica» sobre los dirigentes independentistas fugados, denuncia el recurso.
«Las manifestaciones realizadas por el magistrado instructor no dejan margen de duda sobre su falta de imparcialidad e interés directo en la causa presente», apunta Boye, en este nuevo alegato de 13 páginas con el que el letrado intenta, de nuevo, separar a Llarena de la instrucción, algo que no ha logrado en sus anteriores ofensivas.
La defensa de Puigdemont recuerda al Supremo que no es competencia del instructor analizar la legitimidad de una normativa que aprobaría el Congreso. De hecho, Llarena también dijo que «no parece» que se den las condiciones para aprobar una ley de amnistía, lo que supone, según Puigdemont, criticar al poder legislativo y anticipa su posición sobre la posibilidad aplicar o no una ley de estas características.
«Soberanía popular»
«Desconocemos desde cuándo la función jurisdiccional pasa por la evaluación de la legitimidad de las normas que emanan del Poder Legislativo pero parece ser que la falta de imparcialidad lleva al excelentísimo magistrado a cuestionar, incluso, la legitimidad de las normas que puedan llegar a gestar, o no, los representantes de la soberanía popular», abunda Puigdemont en su escrito.
Para la defensa, «ninguno de los planteamientos exteriorizados» por Llarena son «propios» de «quien está llamado a actuar con imparcialidad». Así las cosas, el expresidente insiste en que «es evidente» que en el instructor «concurren las causas de abstención - que no empleó- y de recusación» que ahora plantea ante la Sala de lo Penal para que le aparte del procedimiento que se sigue en su contra en el Supremo.
Los tres políticos independentistas apelan a su derecho al juez imparcial y aluden a diversa jurisprudencia de la Justicia europea al respecto, así como al Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial en España, que «ha señalado la importancia de la obligación del juez en quien concurra alguna de las causas establecidas de abstención o recusación a abstenerse del conocimiento del asunto sin esperar a ser recusado».
La ofensiva del exjefe del Ejecutivo autonómico contra el juez que desde hace años viene reclamando su entrega no acaba en su nueva petición de recusación. En un segundo escrito también presentado este martes, Puigdemont, tal y como le pedía el instructor, se niega a aclararle si ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para pedir que le devuelvan la inmunidad como eurodiputado. En su recurso, la defensa del prófugo carga contra el magistrado y le acusa de haber solicitado esa información «no existiendo norma legal alguna que le habilite». Por ello, Puigdemont insta al juez a solicitar directamente al TJUE la información respecto a la situación del procedimiento judicial sobre la inmunidad.