El abogado del expresident catalán Carles Puigdemont ha presentado una denuncia ante el CGPJ contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo LLarena por «la desatención y el retraso injustificado y reiterado» en la tramitación y resolución de los recursos, ante su decisión de no aplicarle la amnistía.
El pasado 1 de julio Llarena rechazó perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención, una decisión que fue recurrida por las defensas, la Abogacía del Estado y la Fiscalía una semana más tarde.
En el escrito, el letrado Gonzalo Boye considera que el juez «ha incurrido en una infracción disciplinaria» por haberse «excedido con creces» e «incumplido reiteradamente» el plazo legal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la resolución de los recursos de reforma, que tiene que resolver el propio juez, a quien reprocha su «pasividad intencional».
Según el abogado de Puigdemont, teniendo en cuenta las fechas en que se interpusieron los recursos de reforma «debieron haberse resuelto hace más de un mes», durante la primera mitad del mes de julio, algo que no ha ocurrido «sin que parezca existir razón alguna que lo justifique».
Además, considera que «las circunstancias resultan especialmente graves» porque la ley de amnistía debe ser objeto de tramitación preferente y urgente, lo que afecta a los recursos presentados, más aun cuando las resoluciones del juez incluyen restricciones a la libertad de circulación de Puigdemont y del resto de procesados.
Por ello, acusa al juez de «dilatar el acceso» de sus defendidos a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tiene que resolver los recursos de apelación, y al Tribunal Constitucional, a donde piensa acudir en amparo.
Sostiene además que «la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales» es considerada una falta grave.
Y añade que Llarena solicitó dejar sin efecto su licencia de vacaciones con «el anhelo notorio de supervisar la captura» de Puigdemont, lo que, «además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación», indica que «no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal» los recursos.
