Los más de 700.000 patinetes eléctricos que actualmente circulan por España, según la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, tendrán que contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil para indemnizar a las posibles víctimas de accidentes.
El consejo de ministros aprobó ayer un proyecto de ley -que aún debe pasar por tramitación parlamentaria- que afectará también a vehículos agrícolas e industriales, hasta ahora exentos de este nuevo coste.
La norma, que transpone una directiva europea de 2021, indica que los propietarios tendrán un plazo de seis meses desde que se publique el texto definitivo para suscribir este seguro, que en principio también afectaría a las bicicletas eléctricas, ya que la directiva introduce un nuevo concepto de vehículo personal ligero con el que se refiere a los vehículos a motor que pueden alcanzar una velocidad máxima de entre 6 y 25 kilómetros por hora (km/h) si su peso es inferior a 25 kg o de entre 6 y 14 km/h si su peso supera los 25 kg. «Se busca aquí compatibilizar el impulso al transporte urbano sostenible con la protección a las víctimas de accidentes causados por estos nuevos vehículos», indican desde el Ministerio de Economía.
En el caso concreto de los patinetes eléctricos, y ante el crecimiento experimentado en los últimos tiempos como fórmula de movilidad, el Gobierno también pondrá en marcha un registro público en el que todos estos vehículos tendrán que estar inscritos antes del 2 de enero de 2026. Eso alargará los plazos para la obligatoriedad de contratar un seguro que, en todo caso, tampoco será inmediata ya que el Congreso debe aprobar el proyecto de ley y, después, la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de los Daños y Perjuicios Causados a las Personas en Accidentes de Circulación (que depende del Ministerio de Economía) tendrá un plazo de seis meses para redactar su propuesta reglamentaria al completo.
Indemnizaciones
El proyecto de ley aprobado el martes también introduce algunas mejoras sobre las indemnizaciones, con el objetivo de agilizar la tramitación de informes médicos y atestados policiales y «evitar en lo posible la vía judicial al permitir acudir a cualquier alternativa extrajudicial de resolución de conflictos».
Respecto a las coberturas, se establece que las mismas se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). Y también se amplían algunos supuestos indemnizatorios, como es el caso de las personas dedicadas a las tareas del hogar de la unidad familiar que sufran un accidente.
Con el objetivo de dar mayor seguridad a las víctimas de accidentes de tráfico, el Ejecutivo también plantea que el Consorcio de Compensación de Seguros pueda asistir también los accidentes en caso de insolvencia por parte de las entidades aseguradoras.