La presidenta de Junts, Laura Borràs, encara a partir de este viernes el juicio en el que está acusada de fraccionar 18 contratos para encargarlos a un amigo sin tener que licitarlos cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
El beneficiario de estos contratos, Isaías H., también está acusado y su defensa negocia con la Fiscalía un acuerdo para rebajar su condena a cambio de una confesión que entonces señalaría a Borràs, que afronta una petición de seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 144.00 euros por presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental.
Ante esta negociación y la del también acusado Andreu P., la defensa de Borràs presentó este jueves un escrito al TSJC en el que considera a los otros dos acusados como «coacusadores» junto a la Fiscalía, y ha pedido al tribunal intervenir durante el juicio en último lugar, como corresponde a las defensas.
El juicio girará en torno a 330.442,65 euros en contrataciones de la ILC, que se adjudicaron en 18 contratos menores, seis de ellos directamente a Isaías H. por un total de 112.503,50 euros, uno al también acusado Andreu P. y el resto a distintas empresas --Isaías H. era socio de dos--.
La acusación provisional de la Fiscalía --que puede cambiar durante el juicio-- también pide para Isaías H. seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y, en su caso, una multa de 72.000 euros.
Para Andreu P., que supuestamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC, el fiscal reclama tres años de cárcel, 10 de inhabilitación y multa de 30.000 euros.
Protesta a las 9.30 horas
Borràs llegará el viernes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) arropada por diputados y miembros de la dirección de Junts, que ha convocado una protesta a las 9.30 horas ante el tribunal para apoyarla, y de una delegación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) liderada por su vicepresidente, Jordi Pesarrodona.
En cambio, ERC y la CUP no la acompañarán y achacan su ausencia a que la causa no está relacionada con el proceso independentista, a diferencia de otras ocasiones en las que, desde 2017, sí han protestado juntos contra multitud de citas judiciales relacionadas con el 1-O, y tampoco habrá representantes del Govern, mientras que el Parlament no se ha pronunciado sobre el caso, la Mesa no lo abordó en la reunión del martes, y Òmnium Cultural no enviará una delegación pero sí irán miembros de la junta directiva de la entidad.
Esta causa ha comportado a Borràs la suspensión como presidenta del Parlament -la Mesa le aplicó un artículo del reglamento de la Cámara que lo prevé cuando se abre juicio a un diputado por delitos de corrupción- y el resultado de la sentencia, que podría llegar antes de las elecciones municipales en mayo, también tendrá repercusiones en su futuro político tanto en la institución como previsiblemente en el partido que preside, aunque el fallo podrá recurrirse en el Tribunal Supremo.
Este jueves por la tarde Borràs ha anunciado una «pausa» en su vida pública para centrarse en su defensa: no participará ni en actos públicos ni usará las redes sociales mientras dure el procedimiento judicial.
Correos electrónicos
La primera sesión del juicio está reservada para el trámite de cuestiones previas, en el que la defensa de Borràs tratará de invalidar los correos electrónicos que intercambió con Isaías H. y que muestran cómo, supuestamente, habían acordado repartir en contratos pequeños encargos más grandes, y otros en los que ella le insta a hacer varios presupuestos a distintos nombres para presentarse a los procedimientos de contratación.
En uno de los correos que intercambiaron, él le dijo a Borràs: «Se me hace extraño y complicado tener que hacer este 'trapi'... ya sé que es lo que hay, pero ponte en mi lugar, tener que liar a varias para que me hagan facturas de tres kilos», y ella le contestó que en el presupuesto debía figurar como si fueran profesionales independientes con facturas no superiores a 18.000 euros más IVA.
En una conversación intervenida a Isaías H. en noviembre de 2017, él mostró su preocupación por que una intervención de la Generalitat por el artículo 155 de la Constitución pudiera destapar «marrones» que dijo tener relacionados con la contratación de los servicios que prestaba a la ILC.
En la misma conversación, expuso que para la ILC tenía que hacer dos presupuestos correctos y cuatro incorrectos: «Porque yo, con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos 'trapis' por ahí«.
Hasta el 1 de marzo
Después de la jornada del viernes, el juicio en el TSJC se retomará diez días más tarde, el lunes 20, y luego seguirá en sesiones seguidas hasta el 1 de marzo.
Los interrogatorios a los acusados están previstos para el lunes 20, pero el guion podría cambiar si, durante las cuestiones previas del viernes, las defensas piden que los acusados declaren al final del juicio, después del resto de pruebas, algo que es habitual pero que en última instancia es decisión del tribunal.
Entre las pruebas periciales informáticas del juicio estará el perito de la defensa Emilio Hellín --que ahora se llama Luis Enrique Hellín--, al que el tribunal admitió a pesar de que la Fiscalía pidió rechazarlo por su condena en 1982 a 43 años de cárcel por el asesinato de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González.
El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, será el ponente de la sala que juzgará el caso aunque la defensa de Borràs trató de apartarlo de la causa pidiendo recusarlo por supuestamente no ser imparcial, algo que el tribunal descartó.