Hoy se cumple justo un mes de la polémica aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno Central. La declaración de independencia aprobada el 27 de octubre por parte de 70 de los 135 diputados del Parlament de Catalunya –la mayor parte de Junts pel Sí y los diez de la CUP– derivó en la mayor crisis institucional entre Catalunya y España desde la recuperación de la democracia, hasta el punto de que el Principat lleva ya treinta días sin gobierno y con el Parlament disuelto a raíz de la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre.
En la demarcación de Tarragona las primeras consecuencias se empezaron a aplicar el 31 de octubre, cuando Òscar Peris (ERC) y Xavier Pallarès (PDeCAT) fueron cesados como delegados territoriales en el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, respectivamente. Desde entonces, el ejecutivo en la demarcación lo llevan los delegados territoriales, en coordinación con las secretarías generales de Barcelona y los técnicos designados por parte de cada ministerio.
La responsable de los Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació en Tarragona, Carme Mansilla, indica que el Consell Executiu territorial «va tirando hacia adelante el día a día» y que «hacemos el trabajo que tenemos que hacer pese a que no hay ni el delegado del Govern ni los consellers». Mansilla reconoce que se trata de una situación que «lógicamente no es la deseable», pero remarca que la Generalitat en Tarragona trabaja en coordinación con los altos cargos de cada conselleria.
Carme Mansilla: «Sacamos el día a día coordinándonos con la secretaría general de la Conselleria»En la misma línea se expresa el delegado territorial de Cultura, Jordi Agràs, quien ayer por la tarde se encontraba en Barcelona reuniéndose con la cúpula de la Conselleria. «Es complicado trabajar con el conseller en el exilio (en su caso, Lluís Puig)», asegura Agràs, quien revela que, pese a que el Consell Executiu de Tarragona no se reúne de formal oficial, «sí que quedamos de manera informal para repasar temas». El responsable de Cultura afirma que, pese a la complejidad de la situación, «debemos seguir tirando hacia adelante y resolver el día a día», a la vez que rehuye decir si ha hablado con el conseller durante los últimos días. «Esto me lo guardo para mí», indicó ayer.
Pese a ello, temas como el Palau d’Esports del Anillo Mediterráneo de Tarragona o el Pla de Salut de los Juegos de 2018 siguen sin resolverse cuando quedan menos de siete meses para la cita.
Jordi Agràs: "Es muy complicado trabajar con el conseller en el exilio"Dar cuentas a Madrid
La situación es incómoda también entre los directores y secretarios generales de la Generalitat, que debe rendir cuentas de manera constante a la Administración General del Estado. «Ahora para cada factura debemos pedir permiso a Madrid», relata una fuente que prefiere mantener el anonimato. Los número ‘2’ y ‘3’ de cada conselleria deben elaborar informes exhaustivos, algunos de ellos en castellano, para que los técnicos del Estado puedan analizar el día a día del Govern. Algunos de ellos también han viajado durante las últimas semanas a Madrid para reunirse con sus homólogos de los ministerios correspondientes.
Entre los tarraconenses que, debido a la ausencia de los consellers, tienen la máxima responsabilidad de sus departamentos están Joan Aregio –que es el secretario general d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Coneixement–; Carles Sala –que es el Secretari General de l’Habitatge–, o Joaquim Nin, quien es el secretario general del Departament de Presidència. Pese a ello, uno de los tarraconenses que ha sido cesado es el exsecretario general de la Conselleria d’Interior, Cèsar Puig, quien en breve volverá a su plaza de funcionario de Cos Superior.
«Garantizar la normalidad»
Fuentes de Subdelegación del Gobierno en Tarragona han manifestado que el artículo 155, de cuya aplicación se cumple un mes, «está dentro de nuestro ordenamiento legal». Asimismo, se ha querido poner en relieve «la importancia de convocar mediante el 155 elecciones lo antes posible , dando así voz y capacidad de decisión, a todos los catalanes y catalanas, indistintamente de cuál sea su legítima ideología personal».
Ayer, el delegado del Gobierno Central en Catalunya, Enric Millo, realizó una «valoración satisfactoria» del primer mes de aplicación en Catalunya de las medidas del artículo 155 de la Constitución, y agradeció el trabajo de los funcionarios para «garantizar la normalidad en la prestación de servicios».
Millo señaló que el 155 tenía como objetivo «poner punto y final a un proceso sin sentido» y convocar elecciones catalanas dentro de la legalidad, cosa que, según él, se ha producido. Millo agradeció el «compromiso» de los funcionarios de la administración de la Generalitat para que la «normalidad» sea la tónica en la prestación de los servicios desde la aprobación en el Senado de la aplicación del 155.
