El Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha abierto un procedimiento penal contra el productor musical Nacho Cano y tres personas más por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo musical Malinche.
En un auto, la jueza Inmaculada Iglesias acuerda una serie de diligencias y anuncia que, una vez practicadas, citará a «los investigados» por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Entre ellas llamar como testigo a la denunciante de estos hechos, ofrecer acciones a otros supuestos perjudicados, así como pedir a la Inspección de Trabajo copia del acta de Inspección del 27 de junio y que informe sobre si los 16 bailarines hallados en situación irregular estaban participando en el espectáculo Malinche.
Estos hechos se investigan a resultas de la denuncia presentada por Lesly Guadalupe O.F., una bailarina de México seleccionada en ese país, junto con otros 19 participantes en un casting, para formar parte de la compañía 'La Malinche'.
Según el auto, los investigadores consideran que existen indicios de delito ya que los investigados, «de manera intencional», habrían facilitado la entrada de extranjeros no comunitarios sin un contrato laboral sino como turistas, lo que les permite estar en territorio español 90 días, «pasando a la situación de irregular» de permanecer más tiempo.
De hecho, relata, la investigada que proporcionaba a «los migrantes» información relativa al viaje a través de un grupo de WhatsApp les indicó que debían entrar en España «sin portar ningún tipo de información corporativa de la compañía Malinche ni ninguna otra que hiciera presuponer que su intención era la de quedarse en España».
También, que viajarían de forma escalonada «y que debían de hacer como si no se conocieran entre ellos, debiendo indicar que viajaban por turismo».
«El ánimo de engañar o inducir a error en las autoridades españolas a la hora de trasladar a los bailarines (...), viene afianzado por la demora de la tramitación de las respectivas solicitudes de Autorización de Estancia por Estudios», observa la juez.
Los seleccionados para el musical llegaron a España entre el 2 y 10 de diciembre de 2023 y no es hasta el 27 de enero de este año cuando, «por parte de los investigados, se solicita la Estancia por Estudios a todos los elegidos, supuestamente, por parte de los mismos, habiéndose determinado que son los denunciados quienes gestionan este trámite».
De la investigación se desprende por tanto, que «los investigados, a través de la compañía Malinche The Musical Spain S.L, se estarían lucrando de la actividad laboral de sus seleccionados, quienes tras un breve periodo de aprendizaje de canciones y coreografías, pasarían a trabajar en el musical» en el recinto ferial de Ifema en Madrid y a percibir una cantidad económica por ello «por debajo de convenio».
Esa escasa remuneración, habría llevado, prosigue el auto, a que los afectados tuvieran que recurrir a familiares y ahorros para «lograr subsistir cada mes».
Por todo ello, otra de las diligencias que acuerda es dirigirse a la Tesorería de la Seguridad Social para que certifique el número e identidad de los trabajadores dados de alta por parte de la empresa Malinche entre diciembre de 2023 y este mes de junio.
También pide al Registro Mercantil para que certifique los datos de constitución y admnistración de dicha empresa y de JANA Producciones SA, y al organismo competente de la Comunidad de Madrid para que aporte la autorización oficial como centro de enseñanza de a escuela JANA Producciones, donde ensayaban los afectados.
Nacho Cano, exmiembro de la banda Mecano, fue arrestado por estos hechos y trasladado a dependencias policiales, donde prestó declaración. Ese mismo día también fue detenida otra de las investigadas, una mujer de su equipo, de nacionalidad mexicana y 54 años.
Junto a Cano la juez investiga a tres mujeres: Cristina Karmiñe D. De S., Roxana Gabriela D. De S. y Susana J.F.
La causa ha recaído en el mismo Juzgado que investiga actualmente, entre otros asuntos, el asesinato a tiros de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, y a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos fiscales.