La Fiscalía se opone a consultar a Europa sobre la legalidad de la amnistía. El Ministerio Público, por primera vez en uno de los múltiples procesos en los que debe posicionarse sobre la polémica ley de borrado penal, ha anunciado oficialmente su rechazo acudir al Tribunal de Justicia de la Unión de Europea (TJUE) para plantear una cuestión prejudicial sobre si esta norma es compatible con el derecho comunitario.
Lo ha hecho ante el Tribunal de Cuentas (TC), que el pasado 11 de junio se convirtió en la primera institución en preguntar sobre la posible activación del mecanismo judicial más temido por los promotores e hipotéticos beneficiarios de la amnistía, ya que la simple admisión a trámite de este tipo recurso para su estudio –algo que no debería demorarse más allá de unas semanash– en principio debería paralizar la aplicación de la ley en tanto en cuanto no resuelva el TJUE, según establece la legislación comunitaria.
En esencia, el fiscal jefe del TC, Manuel Martín-Granizo Santamaría, estima que no cabe el recurso a Europa por parte de esta entidad pues no "concurren los presupuestos exigidos por la normativa aplicable y las recomendaciones del propio TJUE". La postura del Ministerio Público es prácticamente idéntica a la de Carles Puigdemont, quien en su respuesta al TC también se opuso a esa consulta a Europa, porque –adujo– el Tribunal de Cuentas es un órgano que desempeña funciones administrativas y jurisdiccionales, pero que no por ello se convierte en un órgano jurisdiccional, que son los únicos que , según su interpretación, pueden recurrir ante el TJUE. Así, el líder de Junts huido consideró "descabellada, extemporánea, antijurídica y extravagante la pretensión del Tribunal de Cuentas" de acudir a la justicia comunitaria.
