La fiscal Miriam Segura anunció ayer en la primera sesión del juicio por la supuesta financiación irregular del PP de Valencia a través de Gürtel que rebajará su petición de pena para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, si continúa colaborando con la justicia.
La Audiencia Nacional comenzó el juicio a la excúpula del PP valenciano por financiarse presuntamente a través del entramado Gürtel en las campañas electorales de 2007 y 2008, en el que están acusados, entre otros, exaltos cargos del partido regional como Ricardo Costa y Vicente Rambla, diez empresarios y los principales cabecillas de la red.
Durante las cuestiones previas del juicio, la fiscal Anticorrupción dijo que será en el momento de sus conclusiones definitivas cuando contemple una posible reducción de pena para Correa, para quien de momento pide 24 años y medio de cárcel, bajo la condición de que se haya demostrado en la vista colaboración con la justicia e intención de reparar el daño causado.
En esta línea de colaboración, Correa -en prisión por el caso Fitur- remitió hace unos días un escrito al Juzgado Central de lo Penal en el que confesó que el PP de Valencia pagó en B a la trama Gürtel, en concreto a la empresa Orange Market, trabajos en campañas electorales o mediante facturas ficticias a empresarios por trabajos no realizados.
También mostró la fiscal la intención de rebajar su petición de pena para nueve empresarios -para los que pide entre 4 y 6 años de cárcel- que, el pasado mes de febrero y a cambio de eludir la prisión, suscribieron un documento en el que reconocían haber financiado al PP valenciano en campañas electorales.
Al respecto, las defensas de los empresarios pidieron que la fiscal no solo rebaje la petición de pena a menos de dos años para que no ingresen en prisión sino que la sustituya por multas, que ya han tenido que pagar para cumplir el citado acuerdo con la Fiscalía.
La Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el PSOE se adherieron a lo manifestado por la fiscal.