Junts se ha sumado este sábado a las protestas contra el servicio de Rodalies convocadas en distintos puntos de Catalunya. El portavoz de Junts en la comisión de Territorio del Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, ha afirmado desde Figueres que el traspaso de Rodalies es “una tomadura de pelo” y ha reprochado al Govern su falta de ambición en este asunto. Por ello, ha anunciado que presentarán un plan de choque en el pleno monográfico que se celebrará en el Parlament, con un conjunto de acciones para paliar la situación actual. Vergés ha acusado al Estado de utilizar el servicio ferroviario como una herramienta de “sometimiento” a Catalunya. “España no nos pone trenes, sino que nos pone frenos”, ha declarado el diputado de Junts.
Diputados de Junts per Girona en el Parlament y en el Congreso se han concentrado este sábado por la mañana frente a la estación de tren de Figueres en una de las protestas organizadas en toda Catalunya contra el estado del servicio ferroviario.
El portavoz de la formación en la comisión de Territorio, Salvador Vergés, ha señalado que la situación actual es consecuencia de la “falta de inversión histórica” del Estado en la red ferroviaria catalana, pero ha criticado que el PSOE atribuya este problema a gobiernos anteriores. “Renfe está dirigida por personas con carné socialista desde 2018”, ha asegurado Vergés.
Además, ha cuestionado el papel del Govern ante las incidencias ocurridas en los últimos días. Considera que tanto el presidente Illa como la consellera Paneque se han “escondido” y han mostrado “sumisión al amo de Madrid” en lugar de “plantar cara”.
Por otro lado, el diputado de Junts ha insistido en que el traspaso de Rodalies es “una tomadura de pelo”, ya que considera que no se está trabajando para que sea “un traspaso real” en el que la Generalitat tenga el 100% de la gestión del servicio.
Por este motivo, Vergés ha anunciado que en el pleno monográfico sobre Rodalies que se celebrará en el Parlament presentarán un “plan de choque” para resolver la situación. El diputado cree que esta acción debería haber sido impulsada por el Govern, pero sostiene que el ejecutivo catalán “no tiene ninguna intención” de hacerlo.
