El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) ha ordenado este viernes a Israel «detener inmediatamente» la ofensiva militar en Rafah, en el sur de la franja de Gaza.
En una decisión en el marco del caso por la demanda de Sudáfrica contra Israel por un posible genocidio en Gaza, el tribunal ha considerado que la situación en la Franja es ahora «desastrosa» y existe un «riesgo grave de deterioro» que justifica modificar las medidas cautelares dictadas el 28 de marzo.
El TIJ también exige la apertura del paso fronterizo de Rafah y que Israel permita el acceso a Gaza a «cualquier comisión de investigación u órgano de la ONU» que investigue «las alegaciones de genocidio».
El tribunal ha justificado su decisión porque, según ha dicho, existe un «mayor riesgo» y una «urgencia real e inminente» de daños «irreparables» antes de que se decida sobre el fondo del caso, que debe aclarar si Israel está cometiendo o no delitos de genocidio.
El presidente del tribunal, Nawaf Salam, ha leído la decisión, remarcando que las condiciones de vida «catastróficas» en Gaza han empeorado desde el inicio del proceso judicial, y especialmente con la ofensiva de Rafah.
Según explicó, el TIJ «no está convencido» de que las medidas tomadas hasta ahora por Israel -como la evacuación de civiles en el este de Rafah- hayan sido suficientes para minimizar los enormes riesgos a los que hace frente la población civil palestina.
«El tribunal considera que, de acuerdo con sus obligaciones bajo la convención contra el genocidio, Israel debe detener de inmediato su ofensiva militar, y cualquier otra acción a Rafah, que podría someter al pueblo palestino a Gaza unas condiciones de vida que podrían provocar su destrucción física total o parcial», asegura el fallo del tribunal.
Además, recuerda que el 26 de enero ya ordenó a Israel que tomara «medidas eficaces» para evitar la destrucción de pruebas de posibles crímenes y que, por tanto, ahora debe garantizar un acceso sin restricciones a Gaza «a cualquier comisión de investigación, misión u órgano investigador con un mandato de órganos competentes de las Naciones Unidas para investigar alegaciones de genocidio”.