El Parlament ha aprobado este miércoles validar el decreto ley 2/2025, que regula el alquiler de temporada y de habitaciones, y que modificará la ley de vivienda, tras el pacto de ayer por la tarde entre el Govern y los grupos de ERC, Comuns y CUP (los grupos que han votado a favor junto con el PSC, mientras que el resto lo ha hecho en contra). El pleno ha dado luz verde, por unanimidad, a que el texto se tramite como proyecto de ley, tal como había solicitado Esquerra. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha celebrado el “primer gran acuerdo” de todas las fuerzas progresistas de izquierdas en mucho tiempo. Asimismo, ha hecho un llamamiento al resto de grupos a sumarse al entendimiento, ya que la situación de la vivienda “interpela a todo el mundo”.
“El acuerdo no resuelve la crisis estructural, pero abre un camino”, ha apuntado la consellera durante el debate.
El Govern cerró el martes por la tarde un acuerdo con ERC, Comuns y CUP para regular el alquiler de viviendas de temporada. Entre las medidas, se incorpora a la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, la figura del inspector de vivienda, que tendrá competencias para “verificar el cumplimiento de los contratos, detectar fraudes y proponer sanciones”.
El acuerdo también establece una prórroga de las viviendas con protección oficial situadas en zonas tensionadas, tal como reclamaban Comuns y CUP. El pacto se ha alcanzado a menos de 24 horas de que se votara en el Parlament el decreto de medidas urgentes en vivienda. Estas medidas acordadas se incorporarán vía enmiendas, después de que el decreto haya sido tramitado hoy como proyecto de ley.
Se modifica así la ley de vivienda para dejar claro que el alquiler de temporada no tendrá la misma consideración que las viviendas permanentes. Y establece que las de temporada son aquellas destinadas a “usos recreativos, turismo o por temporada de vacaciones, sea esta de verano o de cualquier otra época”.
Según el acuerdo, la finalidad de la vivienda deberá constar en el contrato, así como el lugar de residencia permanente de la parte arrendataria.
Otro de los acuerdos es incorporar la definición de “contrato fraudulento” a la ley de vivienda 18/2007 con las siguientes palabras: “Cualquier acuerdo contractual que, de manera intencionada, incorpore cláusulas o prácticas engañosas que vulneren los derechos de los consumidores o que desvirtúe el equilibrio contractual en materia de vivienda en los términos contenidos en el derecho aplicable”.
Según el acuerdo, los inspectores de vivienda estarán vinculados a la futura Comissió de Supervisió de Contractes d’Arrendament d’Habitatge, con la participación de la Agència de Consum y la Agència d’Habitatge. Tendrán competencias “para verificar el cumplimiento contractual, realizar inspecciones periódicas y puntuales, documentales y presenciales, detectar fraudes o cláusulas abusivas y elaborar informes proponiendo medidas correctoras o sancionadoras”.
También se establece que en el alquiler de habitaciones, la suma de las rentas de varios contratos de una misma vivienda en zona de mercado tensionado no podrá superar la renta máxima aplicable a la vivienda.
En cuanto a la prórroga para las viviendas de protección oficial que estaba previsto que dejaran de serlo en el corto plazo, se establece un nuevo calendario. Para aquellas situadas en zonas de mercado de vivienda tensionado, la protección oficial será de 30 años en el caso de promociones en suelo de reserva urbanística destinado a vivienda protegida y si se obtienen ayudas directas; 10 años en el caso de promociones en suelos sin reserva urbanística destinada a vivienda protegida y sin ayudas directas; y 20 años para el resto de supuestos.
Dictamen del Consell de Garanties
El decreto ha llegado al pleno después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) haya emitido un dictamen, a petición de ERC, sobre su adecuación al Estatut y a la Constitución. El dictamen, que no es vinculante, concluye que “en una consideración de conjunto” el decreto no vulnera el artículo 64.1 del Estatut.
Pero también detecta que algunas medidas “no tienen conexión de sentido con la necesidad extraordinaria y urgente que justifica este decreto” y que, por tanto, vulneran dicho artículo. En este sentido, el dictamen ya recomendaba tramitar el decreto ley como proyecto de ley.
El acuerdo “llega tarde”
El Sindicat de Llogateres lamentó ayer que el acuerdo para regular los alquileres temporales y de habitaciones alcanzado por Govern, ERC, Comuns y CUP llegara “más de dos años tarde”. Su portavoz, Enric Aragonès, subrayó que el pacto recupera una regulación “que el PSC tumbó” el pasado mes de julio. Considera que si se han visto “obligados a mover ficha” ha sido “gracias a las movilizaciones masivas” de las últimas semanas.
“O se planta cara al lobby inmobiliario, o el conflicto por la vivienda se los llevará por delante”, alertó Aragonès, remarcando las “graves consecuencias” que está generando “el uso especulativo de los alquileres temporales y de habitaciones”.
