El pleno del Parlament ha aprobado una moción de ERC sobre la administración de justicia, aunque ha rechazado una enmienda conjunta con Junts que instaba al Govern a rectificar la integración de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el sistema de emergencias catalán 112.
La moción, defendida por la diputada de ERC Anna Balsera, fue aprobada casi en su totalidad gracias a enmiendas negociadas con varios grupos. El texto incluye una petición de incrementar en un 2,5 % la partida destinada al ámbito de justicia en los presupuestos de 2025.
Asimismo, la moción reclama “desplegar el plan de fomento del uso del catalán en todos los ámbitos y operadores del ámbito de la justicia, así como implementar medidas pertinentes para normalizar su uso en todas las actuaciones procesales”. También se insta al Gobierno español a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el conocimiento de la lengua catalana sea un requisito obligatorio, y no solo un mérito, para todo el personal que trabaje en la Administración de Justicia en Catalunya.
Discrepancias sobre seguridad y emergencias
ERC y Junts incluyeron en la moción un punto adicional que instaba al Govern a “rectificar de forma inmediata los acuerdos alcanzados en la Junta de Seguridad de Catalunya del pasado 5 de diciembre que propicien un retroceso en las competencias de Catalunya en materia de seguridad”.
La enmienda también exigía “blindar de forma inmediata la presencia del cuerpo de Mossos d’Esquadra en los puertos y aeropuertos de Catalunya, tal como está acordado con el Gobierno español”. Además, proponía “rechazar e impedir las injerencias por parte del Gobierno español en el sistema de emergencias CAT112, que implicarían la incorporación de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el mismo”.
Este apartado, identificado como el punto 14-h, recibió el apoyo de Junts, ERC y la CUP, pero fue rechazado por PSC, PP y Vox, mientras que los comunes se abstuvieron.
Nuevos órganos judiciales y medidas contra la multirreincidencia
Otros puntos aprobados en la moción destacan la necesidad de crear más de 50 órganos judiciales en Catalunya, una cifra que coincide con lo determinado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en su informe anual.
Respecto al fenómeno de la multirreincidencia, el texto propone abordarlo de forma transversal, considerando factores como la situación socioeconómica, los problemas de acceso a la vivienda y la precarización laboral. Se aboga por evitar el punitivismo y reforzar los recursos destinados a la Administración de Justicia.