El Govern catalán aprobará el próximo martes el proyecto de ley de memoria democrática, una normativa impulsada inicialmente por el ejecutivo presidido por Pere Aragonès, pero cuyo proceso legislativo quedó interrumpido al finalizar la legislatura anterior.
Así lo ha confirmado este jueves en rueda de prensa la diputada de ERC Ester Capella, tras una reunión con el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en la que ambas partes lograron “desbloquear” la cuestión.
La aprobación de este proyecto de ley forma parte de los acuerdos alcanzados entre el PSC y ERC en el marco de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
Un texto consolidado y retocado mínimamente
Según Capella, el texto que aprobará el nuevo ejecutivo socialista será prácticamente el mismo que dejó preparado la anterior consellera de Justicia, Gemma Ubasart, con solo “algunos detalles ajustados”.
La diputada republicana, que también ocupó el cargo de consellera de Justicia durante el mandato de Quim Torra, recordó que ya existen diversas leyes relacionadas con la memoria democrática en Catalunya:
La de creación del Memorial Democrático (2007).
La que permitió la apertura de fosas comunes (2009).
La de reparación de víctimas del franquismo (2017).
Estas normas serán integradas y ampliadas en la nueva ley, que además prevé:
Declarar como “días de conmemoración” el 14 de abril (proclamación de la República) y el 7 de noviembre (constitución de la Asamblea de Catalunya).
Reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a documentos relacionados con la memoria democrática.
Permitir que la Generalitat ejerza la acción popular en procesos penales relacionados con delitos de lesa humanidad.
Una aprobación ya respaldada en 2023
El texto ya había recibido el apoyo del pleno el 31 de mayo de 2023, con los votos de ERC, PSC, JxCat, CUP y En Comú Podem, tras el rechazo de las enmiendas de retorno presentadas por Vox, Ciudadanos y el PPC. Sin embargo, el proceso legislativo quedó interrumpido en la fase de comisión debido al fin de la legislatura.
ERC ha instado al nuevo ejecutivo a “acelerar los trámites” para que la norma se convierta en una realidad lo antes posible.